Panamá
Columnista Invitado

Importantes desafíos esperan al presidente electo de Panamá

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Importantes desafíos esperan al presidente electo de Panamá

Por Sebastián Fernández de Soto, analista de riesgo global de Control Risks

En las elecciones generales del 5 de mayo en Panamá resultó ganador José Raúl Mulino, exministro de Seguridad Pública, con un 34% de apoyo. El empresario independiente Ricardo Lombana, del Movimiento Otra Vía, quedó en segundo lugar con casi el 25% de las preferencias y le siguió el expresidente Martín Torrijos con un 16%.

Mulino ganó gracias al apoyo del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien quedó inhabilitado de participar en la carrera presidencial luego de que la Corte Suprema ratificara una sentencia de corrupción por lavado de dinero en febrero. La administración de Martinelli es recordada positivamente por los panameños gracias a su notable inversión en infraestructura y un crecimiento económico sustancial, lo que pone de relieve cómo la nostalgia moldeó las preferencias de los votantes y aumentó el respaldo a Mulino.

Por otro lado, los votantes también reforzaron un deseo de cambio, pues 20 candidatos independientes —la mayoría de la coalición Vamos— obtuvieron escaños en la Asamblea Nacional. El partido de Mulino, Realizando Metas, se quedó con 14 cupos, mientras que el oficialista Revolucionario Democrático solo ganó 13 escaños, su peor resultado electoral en años. Dados los otros seis partidos que serán parte de la Legislatura, Mulino necesitará buscar consenso para formar una coalición de gobierno.

La cuestión de Martinelli, que permanece en la embajada de Nicaragua después de que se le concedió asilo político, será una prueba temprana crucial. Aunque en su discurso de victoria Mulino enfatizó que él no era un títere de nadie, el apoyo de Martinelli fue imprescindible para ganar. Es muy poco probable que consiga un indulto debido al apoyo obligatorio que requiere del Legislativo, pero sigue abierta la opción de permitir que Martinelli abandone el país. Esto sería una acción arriesgada para Mulino ante el amplio apoyo al encarcelamiento de Martinelli, ya que los votantes expresaron una preocupación significativa por una persistente corrupción.

Otros temas urgentes requerirán la atención de la administración entrante. La crisis migratoria en el tapón del Darién, en la frontera con Colombia, ha agobiado a las autoridades panameñas. Mulino prometió cerrar la frontera; sin embargo, esto es imposible dada la extrema densidad de la selva.

El nuevo gobierno probablemente intentará limitar los flujos migratorios, situación que podría poner a Mulino en conflicto con la administración de izquierda del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha resaltado que hay que abordar las causas profundas de la migración en lugar de bloquear los flujos de personas. Además, los grupos criminales organizados han utilizado cada vez más a los migrantes para contrabandear drogas ilícitas a Panamá para su posterior envío a través de puertos locales, lo que ha aumentado los riesgos de seguridad en el país.

Asimismo, Mulino ha hecho hincapié en el crecimiento económico y en la atracción de inversiones internacionales, aunque la confianza empresarial se vio muy erosionada después de que protestas condujeran al cierre de Cobre Panamá, mina que aportaba el 5% del PIB nacional. El presidente electo ha rechazado reabrir la mina y ha propuesto dialogar con Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, con la condición de que la empresa detenga los recursos de arbitraje internacional que podrían costarle al país miles de millones de dólares.

Mientras tanto, una sequía prolongada está afectando los ingresos derivados de los peajes del canal de Panamá, ya que los niveles más bajos de su caudal limitan la cantidad de barcos que pueden transitar.

En conclusión, el crecimiento económico y la importante plataforma de inversión social de Mulino afrontan desafíos sustanciales impulsados por débiles proyecciones económicas, una caída de los ingresos públicos, déficits fiscales crecientes y una Legislatura fragmentada que requerirá que el gobierno busque el consenso político para la aprobación de reformas significativas.

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