¿Reconsiderará algún día México su veto al fracking?

La estatal mexicana Pemex ha demostrado un interés cada vez mayor en la actividad no convencional.

La empresa presentó planes renovados que incluyen exploración de esquisto en escenarios incrementales no obligatorios para varios campos, y el regulador de hidrocarburos CNH los autorizó. Sin embargo, el organismo de control también ha destacado que los escenarios son imposibles en la actualidad debido a la prohibición de facto del país a las actividades no convencionales.

La semana pasada, CNH emitió una opinión favorable sobre un plan de la Secretaría de Energía (Sener) para entregar a Pemex 15 concesiones que incluyen un gran segmento de Tampico-Misantla, cuenca que alberga una parte significativa del potencial de petróleo de esquisto del país.

La calamitosa situación de la empresa, la constante necesidad de ayuda financiera y las perspectivas que aparentemente no mejoran nunca perjudican al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien prometió devolver la gloria a Pemex y el petróleo mexicano.

El año pasado, la estatal volvió a incumplir sus objetivos de producción por un amplio margen y no ha tenido un comienzo alentador este año. Las reservas tampoco crecen a una tasa que sea sostenible a largo plazo, lo que es un problema que la exploración no convencional podría ayudar a resolver.

La administración ha tenido opiniones contradictorias respecto del fracking desde que asumió el poder a fines de 2018. En 2019, la titular de la Sener, Rocío Nahle, dijo que la administración estudia un nuevo método de fractura hidráulica que "no tendría impacto ambiental".

Probablemente Nahle probaba las aguas para ver cómo reaccionaría el público ante un cambio en la postura del gobierno ante el fracking. En ese momento, las declaraciones de la autoridad fueron ampliamente cuestionadas por activistas y el tema se acalló de golpe.

Levantar la prohibición a la fractura hidráulica ayudaría a resolver uno de los mayores dolores de cabeza de la administración, Pemex, a un costo político. La solución más lógica sería que el gobierno permitiera abiertamente la exploración y producción no convencionales, pero que restringiera las actividades a la perforación vertical, ya que la actividad horizontal es la más controvertida.

Sin embargo, el presidente se ha ganado la reputación de ser un tanto intransigente. “No al fracking” fue un fuerte mensaje de campaña y AMLO a menudo reafirma dicho compromiso. En otras posturas políticas –energías renovables, el “rescate” de Pemex y CFE, el complejo Etileno XXI y la renegociación de los contratos de gas natural– el mandatario sigue adelante, a pesar del escepticismo de los expertos y de los problemas que en ocasiones provoca.

Entonces, si bien es posible que la administración suavice su postura sobre los hidrocarburos no convencionales, el precedente sugiere que no hay muchas opciones de que retroceda y de su visto bueno para que Pemex perfore libremente. Por ahora, es probable que siga permitiendo que la compañía obtenga el control y redacte planes para áreas que solo puede desarrollar por completo una vez que se establezca una nueva gestión.

¿POR QUÉ EL FRACKING ES TAN CONTROVERTIDO?

La fuente clave de controversia relacionada con la fractura hidráulica es que grandes extensiones de México carecen de acceso suficiente al agua, y este método tiene la reputación de dañar las fuentes hídricas subterráneas de las que dependen muchas comunidades locales. Además, la actividad de fracking consume grandes cantidades de agua, lo que genera preocupaciones similares.

Es importante distinguir el uso de la fractura hidráulica (que se puede emplear tanto en campos convencionales como no convencionales) de la actividad no convencional o de esquisto, que busca extraer recursos de esquisto (a profundidades menores que las convencionales) a través del fracking y generalmente involucra la perforación de pozos horizontales.

La situación del fracking y los hidrocarburos no convencionales en México es frágil. La fractura hidráulica no está prohibida. Este tipo de actividades (con perforación vertical, no horizontal) en campos convencionales como parte de las estrategias de recuperación para campos más antiguos se aprueban y llevan a cabo de forma rutinaria. Por ejemplo, las autoridades visaron un pozo vertical que usa fracking para acceder a recursos distintos del esquisto el año pasado.

López Obrador se comprometió desde antes de asumir el cargo en 2018 a que no se llevaría a cabo ninguna actividad de fracking bajo su mandato. Sin embargo, todavía tiene que dar un paso oficial para promulgar una verdadera prohibición a la fractura hidráulica.

Un proyecto de ley que prohibiría este método apareció brevemente en 2019, pero se desvaneció sin el apoyo claro del gobierno. También ha habido intentos de limitar o prohibir el uso de agua para actividades de fracking como parte de un proyecto de ley para reformar la legislación hídrica de México, pero la discusión aún está en curso y no se han reportado novedades en meses.

Hugo Rojas Silva, titular de la asociación mexicana de firmas de agua y saneamiento, Aneas, dijo a BNamericas que el proyecto de ley no se aprobó y que era poco probable que se discutiera nuevamente antes de las elecciones parlamentarias de junio.

Sin embargo, AMLO prohibió extraoficialmente a los organismos reguladores dar luz verde a cualquier tipo de actividad de exploración o producción no convencional que implique el uso de perforación horizontal. Esto tiene el doble efecto de dejar insatisfechos a los grupos ambientalistas –quienes apoyan un veto total al fracking– ni a los inversionistas, que ven el futuro del esquisto de México con incertidumbre.

López Obrador formó su reputación política en simbiosis con el activismo político regional, especialmente con las comunidades locales que se oponían a las actividades de perforación de Pemex. Parte de la base de votantes del presidente está invertida en esta reputación.

Como en otros lugares, la fractura hidráulica, en especial la perforación horizontal, también es un tema importante para los activistas mexicanos, particularmente en las comunidades que viven cerca de áreas con alto potencial no convencional.

Entonces, si el presidente adoptara el fracking y los hidrocarburos no convencionales, expondría a su administración a las críticas de grupos ambientalistas y comunidades locales. Su posición actual, por otro lado, proporciona una salvaguardia pero permite a las compañías petroleras mantener sus actividades.