Bajo la lupa: La ofensiva de Panamá por las APP de infraestructura
Como parte del compromiso de Panamá con la recuperación económica, la transparencia y el progreso, el flamante presidente del país, Laurentino Cortizo, está decidido a impulsar la implementación de un marco regulatorio para las asociaciones público-privadas (APP).
Como se indicó en un plan que contiene sus propuestas de campaña y se reafirmó en su discurso inaugural, una de las primeras medidas que intentará lograr Cortizo es la creación de una ley de APP para el desarrollo de infraestructura.
El primer borrador del proyecto de ley fue presentado la semana pasada por el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, en el primer consejo de Gabinete de la nueva administración.
Según la propuesta, se implementarían modelos de APP para todo tipo de proyectos de infraestructura, excepto aquellos relacionados con el Canal de Panamá o los ministerios de Salud, Educación y Seguridad Pública.
Sabonge citó el informe Infrascope 2019 de The Economist Intelligence Unit para señalar cómo Panamá se ha quedado atrás con respecto a otros países de la región en lo que respecta a la regulación y la implementación de las APP.
Según el ministro, la adopción y promoción del modelo respondería a una "imperante necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiamiento e inversión para la construcción de obras públicas y la prestación de servicios públicos".
Las APP contribuirían también al crecimiento económico, la creación de empleos y la competitividad, junto con mejorar las condiciones de vida de la población, añadió.
De aprobarse, la ley regiría los proyectos administrados por el Gobierno Central, entidades públicas autónomas y semiautónomas, municipios, juntas comunales y empresas en las que el gobierno posee al menos un 51% de propiedad.
Encabezada por un equipo de gobierno, la redacción del proyecto de ley de APP incluirá la participación de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y del BID, así como las cámaras de comercio, construcción y empresas.
Se espera que el documento se presente al Congreso para su aprobación antes de que el nuevo gobierno cumpla 100 días en el cargo.
En un evento celebrado el lunes, Sabonge dijo que algunos de los primeros proyectos que podrían implementarse bajo los modelos de APP podrían ubicarse en la provincia de Panamá Oeste, incluidas mejoras viales en los distritos de Arraiján y La Chorrera.
CONTROVERSIA
La decisión del gobierno de redactar un proyecto de ley de APP ha provocado un intenso debate en el país, ya que la mayoría de las asociaciones empresariales apoyan la iniciativa, en tanto que los sindicatos se oponen a lo que ven como una medida para privatizar los servicios públicos y la infraestructura.
Representantes del sector empresarial desmienten las acusaciones de privatización, argumentando que una alianza entre el sector público y el privado es la única forma de garantizar que el gobierno pueda avanzar con los planes de infraestructura, dadas sus obligaciones financieras y de deuda.
La oposición más fuerte es del consejo nacional de trabajadores Conato, que señaló en un comunicado que rechazaba específicamente la implementación de modelos de APP para proyectos relacionados con la operación, mantenimiento y prestación de servicios para el Canal de Panamá.
PANAMÁ EN TÉRMINOS DE APP
Aunque Panamá carece de regulaciones sobre APP, a diferencia de la mayoría de los países vecinos, el gobierno desarrolló 35 proyectos de infraestructura en diferentes sectores utilizando un modelo similar desde 1990 hasta 2018. Estas iniciativas involucraron inversiones por un total de US$7.900mn, según Infrascope 2019.
La llamada zona económica especial Panamá-Pacífico, que supuso la adjudicación de una concesión a 40 años para transformar la antigua base aérea estadounidense Howard —en las afueras de Ciudad de Panamá— en un polo industrial y de bienes raíces, es también un ejemplo de que, aun sin tener una ley al respecto, han existido proyectos de APP en el país durante los últimos años.
De los 35 proyectos desarrollados bajo modelos de APP hasta la fecha, 22 son iniciativas de electricidad valoradas en US$4.300mn, otras dos de telecomunicaciones (US$1.600mn), cinco portuarias (US$1.370mn), una ferroviaria (US$75mn), tres viales (US$507mn) y otras tres relacionadas con el sector de aguas (US$25mn), consigna Infrascope 2019.
Incluso sin un marco regulatorio integral, algunas normas locales sí permiten la inversión privada, como una ley de 1997 para la provisión de servicios de agua potable y saneamiento, junto con otras leyes de adquisiciones que rigen los sectores de transporte y energía. Una ley de 2006 modificada en 2016 sirve para regular las concesiones. Ha habido intentos previos de aprobar una ley de APP, el más reciente en 2016, cuando un grupo de representantes del sector empresarial trabajó para presentar una propuesta, pero el tema permanentemente contencioso de la privatización hasta ahora solo ha servido para frustrar estos intentos.
Infrascope 2019 clasifica a Panamá en el lugar 14 entre 21 países según su rendimiento general de APP, con una puntuación de 60 sobre 100. En términos de regulación, ocupa el puesto 17, también con 60 puntos.
Se considera que el país tiene un escenario institucional algo incipiente, que lo hace figurar en el puesto 18 con 29 puntos. Esto a pesar de que la nación carece de una agencia dedicada exclusivamente a la promoción de las APP. El puntaje responde también al hecho de que el país no ha establecido fondos específicos para el desarrollo de este tipo de proyectos.
En la categoría de madurez del índice, que examina la experiencia en la implementación de proyectos de APP, Panamá ocupa el lugar 12, con 78 puntos, lo que puede explicarse por la gran cantidad de proyectos implementados ya en los últimos años.
Panamá se ubicó más arriba en cuanto a clima de inversión y negocios, al ocupar el séptimo lugar. Esto se midió en función del apoyo de las autoridades para la implementación de estos modelos, lo que se ratifica aún más por la decisión del nuevo gobierno de impulsar la aprobación de una ley de APP.
El país ocupó el octavo lugar en términos de financiamiento, lo que sugiere opciones del mercado de capitales por sobre el promedio para el financiamiento de infraestructura privada y la disponibilidad de inversionistas institucionales, entre otras opciones.
Panamá es uno de los países que en el último tiempo ha invertido fuertemente en infraestructura. El Reporte Global de Competitividad 2018 del Foro Económico Mundial lo posiciona en el puesto 66 en cuanto a infraestructura competitiva en una lista de 144 países. Solo Chile, México, Uruguay y Ecuador ocupan una posición más alta a nivel latinoamericano. La nación centroamericana ocupa también un lugar más alto que la mayoría de sus pares de la región en lo que respecta a calidad de su transporte, ferrocarriles y aeropuertos.
Existen, entonces, pocas dudas de que el gasto de Panamá en los últimos años ha priorizado la infraestructura. Sin embargo, considerando los altos niveles de deuda del país, la opción de hacer uso de la inversión privada para continuar desarrollando obras públicas sigue siendo muy atractiva.
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