Celebran controvertido decreto de AMLO para acelerar obras públicas

El reciente decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para acelerar las obras públicas prioritarias de México protegiéndolas de posibles obstáculos judiciales es considerado por un experto en infraestructura como una importante oportunidad comercial que deben aprovechar empresas y constructoras.

“Lo vemos como una gran oportunidad para México. Aprovechémosla”, dijo a BNamericas Adolfo González Olhovich, presidente de la consultora TMSourcing, durante la presentación del vehículo de propósito especial Ameriko Railways Infrastructure & Real Estate, que él mismo fundó.

“Cuesta muchísimo trabajo, esfuerzo y dinero los proyectos de infraestructura, si se alineó la voluntad política para hacerlo, aprovechémoslo”, recalcó.

Ameriko Railways Infrastructure & Real Estate busca atraer 200.000 millones de pesos (US$9.340 millones) en inversiones para una docena de proyectos ferroviarios en 2022.

UN CONTROVERTIDO DECRETO

El decreto, que el gobierno calificó de "acuerdo", se publicó en el Diario Oficial el lunes y convierte las obras públicas prioritarias en una cuestión de seguridad nacional, dando a las secretarías poder para ignorar en gran medida a los reguladores, entre otras cosas.

Varios críticos en la academia y el sector público condenaron la medida como inconstitucional y una forma de evitar la transparencia.

Durante su mandato, AMLO ha encargado a las Fuerzas Armadas la construcción de varios proyectos y esto ha llevado a que cierta información pública se clasifique en nombre de la seguridad nacional.

Las reacciones al decreto han sido en gran medida críticas entre los grupos comerciales del sector privado.

“Las constructoras formales afiliadas compartimos el propósito del Gobierno Federal de agilizar la ejecución de las grandes obras de infraestructura que el país necesita”, manifestó la cámara de la industria de la construcción CMIC en un comunicado el martes. 

“No estamos de acuerdo que la construcción de obras públicas a través de permisos provisionales sea la mejor manera de agilizarla, por los problemas que podrían generar a las dependencias ejecutoras de obra pública, las empresas constructoras y la sociedad en general”, añadió.

Algunos de los grupos comerciales más grandes de México, Coparmex, Concamin y CCE, rechazaron la idea de convertir las obras públicas en una cuestión de seguridad nacional y pidieron al Gobierno Federal que se retracte o reconsidere el acuerdo.

“Con el decreto, los ciudadanos quedan en total estado de indefensión frente a la autoridad, ya que verán cómo sus derechos humanos y certeza jurídica pueden ser atropellados. Por ejemplo, una obra podría ser devastadora con el medio ambiente y el derecho a la salud, sin consecuencias para las autoridades y sin garantías para que el daño sea reparado”, dijo la confederación de empleadores Coparmex en un comunicado.

INTENTOS DE DETENER PROYECTOS

AMLO se comprometió a no dejar ninguna obra pública sin terminar para el final de su sexenio en 2024 y el presidente respondió a las críticas el martes, diciendo que el decreto fue diseñado simplemente para agilizar los procedimientos y proporcionar protecciones contra los amparos o retrasos que podrían detener las obras que se necesitan con urgencia.

La administración ha sido testigo de muchos intentos de ONG y de la oposición política para detener sus llamados megaproyectos mediante amparos judiciales.

A fines de octubre, el director de la junta de turismo Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, manifestó que se habían presentado 25 recursos contra la construcción del Tren Maya, de 200.000 millones de pesos, por el cual ya se adjudicaron varios contratos importantes.

También ha habido varias otras acciones legales que no lograron detener el proyecto, pero una consiguió cambiar la ruta de la línea ferroviaria.

El gobierno ha culpado a opositores políticos por los intentos de detener el tren, así como acciones similares contra varios proyectos en curso, como la refinería de petróleo Dos Bocas, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el programa conocido como Agua Saludable para la Laguna.

Varias de las acciones legales han estado relacionadas con preocupaciones ambientales y de derechos humanos. El gobierno de AMLO ha realizado consultas públicas para casi todos sus proyectos y ha logrado la aprobación mayoritaria cuando se ha consultado a las comunidades.