Dos proyectos mexicanos de desalinización que lidian con el riesgo político

La planta desaladora Playas de Rosarito, proyecto cancelado de US$453 millones previsto para el estado mexicano de Baja California, podría reactivarse, mientras que la propuesta de una empresa israelí para construir la planta desaladora Puerto Peñasco en Sonora a un costo de US$5.500 millones ha sufrido su primer revés.

En junio pasado, el gobierno de Baja California señaló que estaba considerando reactivar el proyecto Playas de Rosarito cerca de Tijuana luego de que el entonces gobernador, Jaime Bonilla, lo cancelara en 2020, lo que llevó a los inversionistas a presentar una demanda de arbitraje.

El secretario de Aguas y Saneamiento de Baja California, José Armando Fernández Samaniego, señaló que continúan las negociaciones con el consorcio Aguas de Rosarito, adjudicatario del proyecto en 2016, y añadió que las obras podrían reanudarse.

“No es un litigio, es un arbitraje internacional que está pausado; estamos en comunicación y tenemos muy buena relación y comunicación con Aguas de Rosarito”, señaló Fernández el domingo al sitio local de noticias El Mexicano.

Integrado por NSC Agua, Suez Medio Ambiente México y BlackRock, Aguas de Rosarito obtuvo el contrato válido por 40 años para construir y operar la planta bajo un modelo de asociación público-privada. El contrato contempla 3 años para el diseño y construcción de la planta y 37 años para operación y mantenimiento, luego de los cuales pasará a manos del estado.

PLANTA DESALADORA PUERTO PEÑASCO

En diciembre, IDE Technologies propuso construir una planta en Puerto Peñasco, estado de Sonora, para tratar las aguas del mar de Cortés con el fin de abastecer al estado fronterizo de Arizona, EE.UU. Las operaciones comenzarían en 2027.

No obstante, el gobierno de Sonora señaló la semana pasada que ya no se reuniría con IDE para discutir la posibilidad de construir la planta Puerto Peñasco.

A través de un comunicado difundido por Twitter, la administración señaló que el gobernador Alfonso Durazo se reunió con funcionarios de la empresa para conocer la tecnología de desalinización de agua marina, pero precisó que el Gobierno Federal tiene jurisdicción sobre las aguas del mar de Cortés. También insinuó que IDE Technologies utilizó la reunión para avanzar en sus negociaciones con funcionarios de Arizona y afirmó que ya no se reunirá con la compañía.

“Este era un proyecto entre el exgobernador de Arizona y la exgobernadora de Sonora”, aclaró la cuenta oficial del gobierno.

En enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, de no haber oposición y si el proyecto cumplía con todos los requisitos ambientales, su administración le daría luz verde siempre que se construyera con inversión privada. El gobernador Durazo es militante del partido oficialista Morena y exmiembro de su Gabinete.

IDE afirma que aún necesita un compromiso de compra por parte de las autoridades de Arizona antes de seguir adelante con el proyecto. El agua se transportaría desde Sonora a través de un sistema de 328km de bombas y tuberías.

La desaladora tendría capacidad para abastecer a Arizona con 1.000 millones de metros cúbicos al año, pero también suministraría agua a Sonora, según la propuesta que la firma israelí presentó a la autoridad financiera de infraestructura hídrica WIFA de Arizona en diciembre.