Los cambios que podrían avecinarse en Colombia

Las políticas del próximo gobierno de Colombia para la minería siguen con pocas certezas tras las elecciones del domingo.

Si bien el candidato de izquierda Gustavo Petro (en la imagen a la izq.) fue el claro vencedor de los comicios al quedarse con más del 40% de los votos, 12 puntos por sobre su contendor, el populista de derecha Rodolfo Hernández (a la der.), el resultado de la segunda vuelta electoral el 19 de junio sigue siendo poco claro.

Una de las principales conclusiones del resultado es el abrumador rechazo de los votantes colombianos al actual gobierno conservador del presidente Iván Duque, con una desaprobación de dos tercios, por lo que es probable que el nuevo gobierno tome un rumbo significativamente distinto. El candidato del gobierno, Federico Gutiérrez, obtuvo apenas el 23% de las preferencias.

Petro, quien fuera guerrillero de izquierda y alcalde de Bogotá, ha mencionado la necesidad de implementar cambios para hacer frente a la pobreza en Colombia ajustando la economía, lo que implicaría una reforma fiscal y una mayor participación estatal. Por su parte, en la campaña de Hernández ha abundado una retórica populista antisistema y ataques a la generalizada corrupción nacional.

Independientemente de quien gane el balotaje y se convierta en el próximo presidente de Colombia, los sectores minero y energético enfrentarían cambios significativos. BNamericas pasa revista a las propuestas incluidas en los planes de gobierno de ambos candidatos.

GUSTAVO PETRO

El plan de gobierno de Petro pone de relieve la importancia de una transición de Colombia desde el carbón y el petróleo hacia una economía basada en energías renovables, lo que sin duda conllevará cambios radicales.

En ese contexto ha dicho que no se permitirá la gran minería a cielo abierto; que se acentuarán los controles ambientales, laborales y fiscales sobre las operaciones mineras en curso; y que exigirá a las empresas mineras responsables de pasivos ambientales la rehabilitación de las áreas intervenidas y en riesgo inminente, además de la descontaminación de los ríos y el restablecimiento de los derechos de las poblaciones afectadas.

Adicionalmente ofrece fortalecer y hacer cumplir las cláusulas referentes al financiamiento de las acciones que conlleven el cierre apropiado de las explotaciones mineras.

Un aspecto importante del programa de gobierno es impulsar una reforma al código de minas y un ajuste institucional “en función de la transición energética y la nueva política pública minero-energética, con perspectiva ambiental y social”.

El plan también habla de revisar y ajustar los instrumentos de vigilancia, contabilidad y fiscalización para garantizar una renta minera justa y de avanzar en el ordenamiento minero, además de fortalecer el control sobre la exploración y explotación de minerales y materiales esenciales para la transición energética y el impulso de una economía productiva.

Petro promete además proteger la minería ancestral y artesanal, así como la minería de subsistencia y de pequeña escala, y brindar apoyo técnico y económico para transitar a modalidades sostenibles.

 RODOLFO HERNÁNDEZ

En su plan de gobierno, el candidato habla de obligar a las multinacionales mineras a que repliquen en los proyectos de Colombia el mismo tratamiento que deben observar en sus países de origen.

También insta a reformar el sistema general de regalías para que las regiones reciban más recursos y garantizar su inversión de manera eficiente y transparente.

Hernández espera generar confianza para la inversión en el sector minero-energético ofreciendo mayor seguridad jurídica y estableciendo reglas claras y estrategias de diálogo con las comunidades.

En el ámbito jurídico, planea promover un ajuste de la normatividad ambiental y la tipificación en el código penal de los delitos ecológicos a fin de proteger los recursos naturales y la salud pública. También promete ratificar y dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el país en protección ambiental: el Protocolo de Nagoya–Kuala Lumpur sobre responsabilidad y el Acuerdo de Escazú sobre asuntos ambientales en Latinoamérica y el Caribe.

El plan de gobierno de Hernández apunta además a fortalecer el modelo institucional ambiental en su acción preventiva y correctiva para asumir los compromisos de las políticas requeridas para disminuir los efectos del cambio climático, proteger la biodiversidad y las áreas de reserva.

También promete establecer un plan de protección especial de la Amazonía y las zonas ricas en biodiversidad del país, que están afectadas por la extracción y la deforestación; y actualizar los planes de reordenamiento territorial adecuándolos a la protección del agua e incluir en ellos la política de generación de energías limpias y el desarrollo productivo sustentable.