Los riesgos de la privatización de Eletrobras
Las elecciones presidenciales de Brasil y las dudas del tribunal de cuentas TCU podrían retrasar el proceso de privatización del holding eléctrico Eletrobras e impedir que concluya este año.
“En mi opinión, sería una sorpresa si la privatización ocurre este año. No es una tarea sencilla, la envergadura y complejidad del negocio exige tiempo y esfuerzo para completar un proceso de este tipo”, dijo Enrico Cozzolino, analista de inversiones de Levante Ideias de Investimentos, en conversación con BNamericas.
Según medios locales, el TCU ha resaltado varias inconsistencias, por lo que requirió nuevos estudios sobre el uso de las hidroeléctricas de la compañía, así como los parámetros para los cálculos de los contratos que se firmarán entre la compañía privatizada y el gobierno.
Los planes actuales implican que la empresa privatizada entregue 23.200 millones de reales (US$4.000 millones) a las arcas públicas, 8.700 millones de reales durante 10 años para revitalizar cuencas hidrográficas y 30.000 millones de reales para un fondo del sector eléctrico con el fin de aliviar cuentas altas de luz.
"Básicamente, las preocupaciones del TCU giran en torno a las cifras presentadas y los gastos por incurrir después de la privatización por parte de una compañía recién desestatizada", dijo a BNamericas Guilherme Schmidt, socio del bufete Schmidt Valois Advogados.
La capitalización de Eletrobras se realizará con la emisión de nuevas acciones en cantidad suficiente para que el gobierno ceda el control. El proceso avanzará a través de una operación de mercado de capitales, aumentando el capital de la empresa.
En un principio no habrá un grupo controlador, ya que la ley de privatización de Eletrobras prohíbe un bloque de control de más del 10%, ni siquiera a través de acuerdos de accionistas. Debería haber una clase preferencial de acciones, en poder del gobierno, para vetar cualquier resolución contraria.
“Sin embargo, se discute la idea de reducir la participación del gobierno de 70% a 45% en el capital. Al mantener este porcentaje de 45%, es posible que el gobierno siga influyendo en las deliberaciones”, explicó Schmidt.
NUEVA EMPRESA ESTATAL
Esta semana, el gobierno anunció la puesta en marcha de la firma nuclear ENBPar, que asumirá la gestión de Eletronuclear y de la hidroeléctrica binacional Itaipú, las que no podrán ser transferidas al sector privado durante la desestatización de Eletrobras.
“Dicho esto, siempre habrá una mezcla de gerentes, puesto que siempre hay un sesgo de política pública por el giro comercial en sí”, explicó Cozzolino.
ENBPar se encargará de las políticas públicas de universalización de la energía eléctrica bajo los programas Luz para Todos y Mais Luz para a Amazônia, los contratos de incentivo para fuentes alternativas de energía eléctrica (Proinfra) y el programa de conservación de energía eléctrica (Procel).
La empresa también tendrá a su cargo bienes federales que están bajo la administración de Eletrobras y contratos del fondo global de reversión (RGR), firmados antes del 17 de noviembre de 2016 y que estaban a cargo de Eletrobras (reversión, reanudación, ampliación y mejoramiento de servicios eléctricos).
Un vocero del Ministerio de Minas y Energía dijo a BNamericas que los ingresos proyectados para la nueva compañía estatal provendrán de los servicios de comercialización de energía de las firmas vinculadas al holding, actividades similares a las que tiene Eletrobras.
“Sobre las acciones e inversiones para políticas públicas aún no tenemos esa información porque será un proceso constante durante los 12 meses posteriores a la privatización, incluidas las propiedades federales bajo la administración de Eletrobras”, agregó el vocero.
UN LEGADO POCO CONVENIENTE
Respecto al posible legado de problemas de corrupción tras la privatización, Cozzolino destacó que existen reglas formales y la rendición de cuentas que impiden o deberían impedir estas prácticas.
“Sin embargo, no podemos ignorar ningún tipo de riesgo y el mercado siempre incorpora estas percepciones en el precio en consideración”, agregó.
Schmidt dijo que los programas de gobernanza han evolucionado muy bien en los últimos años, lo que deja poco espacio para tales preocupaciones en este momento.
“Quizás los mayores impedimentos por estudiar sean cuestiones comerciales deficitarias asumidas por el gobierno anterior que se están equiparando a través del régimen de derrateo de las ventas de energía y el gran volumen de empleos y garantías profesionales existentes, que de alguna manera pueden dificultar la avance del proceso”, agregó.
Un decreto federal de 2012 modificó varias reglas para el mercado con el objetivo de reducir las tarifas eléctricas, afectando los ingresos de Eletrobras.
El proceso de capitalización implica la emisión de un 10% de acciones en total, correspondiente a 2.500 millones de reales, que se ofrecerá a empleados y jubilados de Eletrobras.
AUDIENCIA PÚBLICA
Durante una audiencia pública el 5 de enero, Leonardo Mandelblatt, jefe del departamento de estructuración y desinversión del banco de desarrollo BNDES, dijo que el proceso de capitalización solo avanzará con la aprobación del TCU. También destacó que, en un principio, el tribunal no se opone a la operación.
Los participantes de la audiencia expresaron su preocupación de que las inversiones que tendría que hacer Eletrobras en Eletronuclear para completar la central nuclear Angra 3 podrían suspenderse después de la privatización.
Si bien el presidente ejecutivo Rodrigo Limp dijo que la empresa privatizada no estará obligada a invertir, se espera que incremente las inversiones en generación y transmisión de energía.
Por su parte, Martha Seillier, secretaria especial del programa de sociedades de inversión, PPI, confirmó que la resolución vigente estipula que Eletrobras debe invertir en la terminación de Angra 3.
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