Perú: una sólida economía esconde una lucha contra la corrupción enraizada

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Martes 24 de diciembre, 2013

Gran parte de los informes de la prensa internacional sobre Perú este año se ha centrado en sus sólidos indicadores de crecimiento y su economía en desarrollo. Sin embargo, el escándalo que estalló en noviembre y que ahora amenaza con dañar irremediablemente la reputación del gobierno ha recibido menos cobertura internacional.

El país ha acaparado los titulares de la prensa extranjera este año por todas las razones correctas. Se considera ampliamente que su crecimiento económico, pese a haber caído frente a su nivel máximo del 2007-2008, se mantiene en niveles sostenibles, con un saludable 5,4% este año y 5,7% en el 2014, según cifras del FMI.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que Perú será una de las tres principales economías de Latinoamérica en términos de crecimiento en el 2014, solo superado por Panamá y al mismo nivel que la vecina Bolivia.

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Además, la inflación se ha mantenido baja, en torno al 2,5% este año, y el desempleo cayó a 6,0% en el 2013 frente al 6,8% del 2012, donde debiera mantenerse en el 2014, según el FMI.

Menos publicitado en la prensa internacional ha sido el creciente escándalo policíaco-militar que está sumiendo al gobierno en una crisis.

EL ESCÁNDALO

El 13 de noviembre, el grupo local de medios El Comercio reveló que Óscar López Meneses, quien trabajó en el servicio de inteligencia bajo el gobierno del expresidente Alberto Fujimori y fue declarado culpable de corrupción y encarcelado por malversación de fondos y posesión ilegal de armas, estaba recibiendo protección policial a tiempo completo en su residencia en el acomodado barrio limeño de Surco. López Meneses se hizo conocido por ser un estrecho colaborador del jefe del servicio de inteligencia de Fujimori, Vladimiro Montesinos, quien está cumpliendo condena por corrupción y por ordenar asesinatos de escuadrones de la muerte.

El descubrimiento provocó indignación en todo el país e implicó la dimisión del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, y del asesor de seguridad presidencial, Adrián Villafuerte, así como una serie de funcionarios policiales de alto rango.

Durante las semanas siguientes a la divulgación, se supo que el caso era la punta del iceberg en una red de poder entre la policía y los militares. El caso ha sido muy perjudicial para el gobierno de un exmiembro del Ejército como el presidente Ollanta Humala, del Partido Nacional de centro-izquierda, quien ha negado todo conocimiento de la protección policial.

Muchas preguntas se han planteado en torno al caso, sobre el alcance de la corrupción policial, las redes de poder extralegales, lo que López Meneses podría ocultar en su domicilio y hasta qué punto el gobierno de Humala está implicado. Una comisión de investigación se constituyó para encontrar las respuestas a estas preguntas, pero ha enfrentado problemas de liderazgo.

La creciente desconfianza pública del gobierno como resultado del escándalo está pasando la cuenta a Humala, cuya popularidad se hundió a 22% y cuya desaprobación se elevó a 73% según una encuesta de principios de mes realizada por GfK que se publicó el 22 de diciembre.

ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN

El manto de la corrupción no solo ha dañado al gobierno de Humala este año. Los líderes de los otros dos grupos políticos más poderosos de Perú, Alan García y Keiko Fujimori, también han sido vinculados a acusaciones de corrupción de raíces profundas. Tanto García como Fujimori son probables contendores para la presidencia en el 2016, como líderes de los partidos APRA y Fuerza Popular, respectivamente.

Alan García, quien fue presidente entre 1985 y 1990 y entre el 2006 y 2011, es objeto de una investigación por más de 400 narcotraficantes convictos que fueron indultados o recibieron una reducción de sus sentencias durante su segundo mandato. La comisión de indultos presidenciales está acusada de aceptar dinero a cambio estas absoluciones, aunque García afirma que las acusaciones son parte de un ataque difamatorio del gobierno de Humala.

Keiko Fujimori, quien se ubicó detrás de Humala en las últimas elecciones presidenciales y que probablemente volverá a postular, no está vinculada a ningún caso de corrupción, pero es la líder del movimiento fujimorista, que cometió una serie de delitos mientras estuvo en el poder. Su padre, Alberto Fujimori, fue presidente entre 1990 y 2000 y fue declarado culpable de abusos contra los derechos humanos en el 2010 y condenado a 25 años de prisión. Él continúa siendo juzgado por otros delitos financieros y de corrupción cometidos cuando fue presidente.

¿RIESGO ECONÓMICO?

El alcance de todas estas investigaciones de corrupción, y el hecho de que abarcan un amplio espectro político, sirve como llamado de atención porque Perú tiene un largo camino por recorrer para establecer instituciones sólidas, transparentes y plenamente democráticas, a pesar de la creciente solidez de su economía.

Al parecer, el crecimiento económico de Perú en los últimos años ha avanzado mucho más rápido que la madurez de sus instituciones. Si el escándalo actual no se resuelve pronto, existe el riesgo de que pueda comenzar a afectar la reputación económica positiva del país disminuyendo la confianza de la inversión y aumentando las dudas acerca de la transparencia y la buena gestión financiera.