Por qué la desalinización no despega en México

Los altos costos de inversión y el modelo operativo de México son dos razones por las que los proyectos de desalinización son tan raros en el país, según un experto.

“El problema es que otros países tienen muy claro quiénes son los responsables de construir, operar y pagar por el agua que se obtiene a través de las desaladoras”, dijo Hugo Rojas Silva, director general de la asociación de la industria del agua y saneamiento Aneas, en conversación con BNamericas. Agregó que el suministro de agua es responsabilidad de los municipios.

“La desalación tiene todavía un costo por encima de lo que cuestan todos los otros puentes de abastecimiento y, dada la situación económica […], los organismos operadores no pueden cobrar las tarifas de lo que les cuesta abastecer de agua a sus ciudades, pues, entonces, las plazas desaladoras se vuelven inviables porque no habrá una fuente de pago de esta fuente de financiamiento”, comentó.

Según Rojas, ante este problema, los municipios optan por otros proyectos hídricos y la mayoría de las veces perforan más pozos o sobreexplotan acuíferos.

En 2022, los estados del norte enfrentaron una sequía histórica, pero en lugar de elegir plantas desalinizadoras, la autoridad Conagua propuso grandes proyectos de acueductos.

Las plantas desalinizadoras deberían “de ser una opción importantísima para todos los estados que sufren” de falta de agua limpia, sostuvo Rojas.

CARTERA PEQUEÑA

La cartera mexicana de desalinización comprende cinco proyectos en la península de Baja California y en el estado de Sonora. Uno está en curso, dos suspendidos, otro está en etapa de estructuración de su licitación y el último implica una propuesta en etapa inicial que beneficiaría además a EE.UU., según la base de datos de BNamericas.

El proyecto en curso es la planta desalinizadora de 3.600 millones de pesos (US$181 millones) Los Cabos, en el estado de Baja California. La empresa hídrica Oomsapas, que atiende a Los Cabos, comenzó a trabajar en diciembre a través de una asociación público-privada (APP). Un consorcio formado por La Peninsular Compañía Constructora y Acciona Agua posee la concesión a 25 años para diseñar, construir, operar y dar mantenimiento a la planta. Su construcción se prolongaría por dos años.

Los proyectos suspendidos cson la planta desaladora de US$454 millones Playas de Rosarito, cerca de Tijuana y que fue cancelada en 2020 por el exgobernador Jaime Bonilla, y la planta desaladora de 570 millones de pesos San Quintín, también en Baja California y suspendida en 2022 por falta de financiamiento.

A fines del año pasado, la gobernadora Marina del Pilar Ávila presentó planes para reiniciar las obras, pero no ha habido novedades.

En 2021, el Gobierno Federal anunció dos licitaciones de APP para ese año con el fin de construir una planta desalinizadora en La Paz, en el estado de Baja California Sur, y modernizar el sistema de distribución de agua de la ciudad. Sin embargo, nunca se lanzaron las licitaciones, a pesar de que siguen siendo parte de la cartera del banco de desarrollo Banobras.

Un consorcio liderado por la firma israelí IDE Technologies presentó en diciembre una propuesta a autoridades estadounidenses para construir una planta desalinizadora de US$5.500 millones en Puerto Peñasco, en el estado mexicano de Sonora, y vender agua a Arizona a partir de 2027.

La autoridad financiera de infraestructura hídrica de Arizona está analizando la oferta, pero no se espera una decisión antes de su próxima reunión el 25 de enero.