TENDENCIAS: La política energética latinoamericana 2.0

La formulación de una política inclusiva mejora la transparencia, la responsabilidad y la participación pública y genera capacidad cívica, de acuerdo con la OCDE.

"También ofrece un camino para que los gobiernos mejoren la ejecución de sus políticas trabajando con la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y otros grupos de interés para lograr mejoras concretas en los resultados de dichas políticas y la calidad de los servicios públicos", plantea un estudio de la OCDE.

Una nota técnica del BID indica que "un gobierno abierto busca relacionarse con sus ciudadanos en modelos de colaboración para crear valor público a través de la entrega de información clara y oportuna a la ciudadanía, de modo que esta pueda participar en el diseño e implementación de políticas públicas y servicios y exigirle al gobierno que rinda cuentas".

De hecho, la mayor conciencia ciudadana y la fiscalización socioambiental más estricta están impulsando a las autoridades a ampliar las políticas, particularmente en lo relativo al sector energético.

En septiembre Costa Rica inició un programa nacional para establecer un diálogo con varios actores y abordar los desafíos del sector eléctrico.

"El diálogo nacional sobre energía eléctrica es un espacio de debate plural y participativo que tiene como fin enriquecer la política nacional en materia eléctrica con perspectivas, insumos y propuestas de los actores sociales, políticos y económicos relevantes del país", plantea el Ministerio de Ambiente y Energía de la nación caribeña.

El proceso está actualmente en fase de redacción para incluirse en el plan de energía, que se sometería a consulta entre el 1 y el 30 de abril.

En octubre, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, solicitó al país que creara un pacto de reforma del sector eléctrico para resolver la crisis que aqueja al sector.

"Es el acuerdo de voluntades que espera alcanzarse en un período de seis meses entre todos las fuerzas económicas, políticas y sociales, con la finalidad de encontrar la solución definitiva a la problemática del sector eléctrico", señala la declaración del pacto.

El gobierno pretende alcanzar un consenso acerca de un nuevo modelo de generación, transmisión, distribución y comercialización que aseguraría el cumplimiento de estándares de calidad con costos más bajos y estables.