México
Análisis

Demanda de Greenpeace sigue amenazando reformas eléctricas mexicanas de 2021

Bnamericas Publicado: jueves, 05 mayo, 2022
Demanda de Greenpeace sigue amenazando reformas eléctricas mexicanas de 2021

Una demanda presentada por la ONG Greenpeace a la Suprema Corte de Justicia de México, todavía pendiente de resolución, podría amenazar las reformas no constitucionales a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) implementadas en 2021, advierte un experto.

“Este es el único mecanismo disponible en este momento”, dijo a BNamericas Gonzalo Monroy, director ejecutivo de la consultora energética GMEC.

El denominado amparo —medida cautelar para proteger a un parte de una ley— fue presentado por Greenpeace y sigue en pie, indicó Monroy.

Agregó que para mediados de mayo hay programada una reunión entre el juez y ambas partes litigantes, pero se desconoce la fecha del dictamen final.

La demanda sigue a importantes hitos en la ofensiva del gobierno para apuntalar a la eléctrica estatal CFE como actor predominante del sector eléctrico.

Uno de ellos es el fracaso del partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador para obtener el respaldo de dos tercios en la Cámara Baja en la votación del 17 de abril e introducir reformas constitucionales en el sector.

Las reformas habrían permitido la cancelación de contratos privados de generación y venta de energía y habrían eliminado al operador autónomo de la red, Cenace; al regulador de energía, CRE; y al regulador de hidrocarburos, CNH, cuyas competencias pasarían a manos de la Secretaría de Energía (Sener) y de la eléctrica estatal CFE.

CFE se habría convertido en el único comprador de electricidad en el mercado y podría también fijar precios, entre otras facultades regulatorias.

Las reformas de 2021 a la LIE fueron de menor alcance, pero ambas incluían la creación de un despacho prioritario, por lo que la red tendría que comprar primero electricidad a CFE y luego energía renovable a las generadoras privadas, mientras que la energía convencional privada habría quedado rezagada y solo se compraría como último recurso.

Otras reformas menos profundas otorgarían certificados de energía limpia a la generación hidroeléctrica, geotérmica y nuclear de CFE con base en una controvertida interpretación del gobierno de las pautas de transición a la energía limpia.

El 7 de abril, la Suprema Corte se pronunció sobre tres recursos de constitucionalidad presentados contra las reformas de 2021, pero los demandantes no lograron el respaldo de 8 de los 11 jueces para anularlas.

Sin embargo, mientras estos recursos objetaban la constitucionalidad, la demanda de Greenpeace se enfoca en el derecho humano al acceso a energías limpias, señala Monroy. Por lo tanto, “solo se necesita una mayoría simple, seis votos”.

Si el tribunal confirma nuevamente las reformas a la LIE, según Monroy, se implementarán caso por caso y quedarían múltiples amparos individuales por revisar.

El analista agregó que estos recursos individuales, presentados por actores privados, se basan en gran medida en argumentos relacionados con la competencia o el ambiente.

Si bien el Congreso ratificó los compromisos del Acuerdo de París en 2020, el nuevo foco del gobierno en los hidrocarburos se considera perjudicial para su cumplimiento.

Las empresas podrían basar sus argumentos en estos compromisos o leyes anteriores, incluida la ley general sobre cambio climático de 2012, o mencionar objetivos como contar con un 35% de generación limpia para 2025, para obtener exenciones a la ley.

Si se otorgan amparos individuales, varios aspectos de la ley pueden aplicarse solo a aquellas áreas de la industria que no tengan protecciones.

“Algunos podrían obtener la medida cautelar y convertirse en excepción, y el nuevo despacho prioritario [por ejemplo] no se les aplicará”, precisó Monroy. “Quienes no obtengan una resolución favorable, deberán apegarse a las nuevas reglas”.

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