La gran apuesta por el megagasoducto de Argentina
Los próximos meses podrían ser críticos para la industria de hidrocarburos de Argentina, particularmente para la del gas natural, y, de hecho, para la debilitada economía nacional.
Ante ello, los observadores del mercado debieran reconocer las señales de lo que se avecina.
GASODUCTO DE VACA MUERTA
Todos los ojos están puestos en el proyecto insignia del gobierno, el gasoducto de Vaca Muerta, diseñado para aliviar el cuello de botella existente en el despacho desde la cuenca Neuquina y, a su vez, apoyar una mayor producción. Con ello, se sustituirían las importaciones de GNL en la temporada invernal austral, que agotan las reservas de dólares; mejorarían las proyecciones de un aumento de las exportaciones en firme durante todo el año a Chile y se reavivaría la discusión sobre la posibilidad de licuefacción.
Las obras en una primera etapa subirán la capacidad de transporte desde la cuenca Neuquina en 10 millones de metros cúbicos diarios (Mm3/d). En una segunda fase, esta crecería otros 30Mm3/d para 2024 hasta alcanzar una capacidad total de despacho desde la cuenca de 115Mm3/d.
Ya está en marcha una licitación por la primera fase. Las autoridades han adjudicado un contrato por cañerías y están pendientes decisiones sobre su construcción y otros componentes, incluidas las válvulas.
Con la vista puesta en las elecciones generales de octubre de 2023, el gobierno del presidente Alberto Fernández quiere que la primera fase esté terminada para entonces. Sin embargo, instalar, probar y poner en marcha un ducto de más de 600km en un año no es tarea fácil para ningún país. De hecho, se ha puesto en duda la viabilidad de cumplir con este plazo. El mes pasado, el exministro de Energía Juan José Aranguren sostuvo que el proceso licitatorio debería haber comenzado antes.
Y luego está el tema clave de la financiación. El precio referencial de US$1.600 millones para la primera fase que se divulgó el año pasado seguramente ha subido y las autoridades han señalado que los fondos provendrían de un impuesto a la riqueza, financiamiento directo del Tesoro y asignaciones presupuestarias.
La voluntad política bipartidista y los incentivos macroeconómicos están, pero las circunstancias —como los elevados costos de la importación de GNL y la vertiginosa inflación—han conspirado contra las finanzas del país. Si se toma todo en consideración, uno probablemente no apostaría a que el gasoducto entrará en servicio a tiempo. Sin embargo, el proyecto se construiría pase lo que pase, incluso si tarda más tiempo de lo planeado.
En medio de esta incertidumbre, el gobierno ha dicho que lanzaría la cuarta ronda del programa de incentivos a la producción Plan Gas para asegurar el suministro necesario para llenar el gasoducto. Lanzado en 2020, el plan refuerza la estabilidad del flujo de efectivo de los productores a través de contratos de suministro, por los que las empresas upstream pujan en una subasta.
El seguimiento de este proceso, junto con los volúmenes requeridos y los plazos, parece clave. Sería una señal positiva si el proceso parte y las compañías upstream ofertan, lo que además podría ser un indicio de cuáles son las proyecciones sobre la fecha de contratación.
Dada la importancia de la industria de hidrocarburos para el país, parece improbable que el gobierno inicie un proceso para asegurar grandes volúmenes adicionales de gas si no hay posibilidad de que el ducto se complete a tiempo. Por supuesto, parte de la producción podría destinarse a Chile.
Argentina tiene 10 gasoductos de exportación que conectan con Chile, Brasil y Uruguay. Siete van a Chile y tienen una capacidad combinada de 13.200Mm3 al año (36,2Mm3/d). Dos se localizan en el extremo sur y dos en el extremo norte.
PETRÓLEO
El gobierno ha señalado que entre agosto y septiembre decidirá si extiende los contratos de concesión de las firmas midstream Oldelval, Oiltanking y Otasa.
Las extensiones son probables, dado que las compañías han esbozado planes de inversión que avalarían una mayor producción petrolífera. Además, la estatal YPF, el mayor productor de petróleo y gas del país, es accionista de las tres empresas.
El operador Oldelval indicó que, si se le otorga una prórroga de 10 años, invertiría en un nuevo oleoducto para despachar la producción de Vaca Muerta. La compañía presentó recientemente un plan de gastos por US$1.700 millones para el período 2022-2037. Por su parte, Otasa, que está volviendo a poner en servicio su ducto de exportación entre Argentina y Chile, dijo que el desembolso podría llegar a US$82 millones durante el período. De esa suma, alrededor de una cuarta parte lo destinará a trabajos de reactivación. Y la empresa de almacenamiento Oiltanking prevé desembolsos en cinco tanques de 250.000m3 y una estación de bombeo.
Las firmas upstream argentinas apuntan al mercado de exportación y su apetito aumenta por los precios más favorables que pueden obtener por su petróleo en el extranjero y la limitada capacidad de refinación interna.
CAMBIO CLIMÁTICO
Los eventos de esta semana en Europa (temperaturas extremas e incendios forestales mortales) han puesto de relieve los efectos del cambio climático y la necesidad de reducir las emisiones.
Esto, combinado con la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, podría acelerar la transición energética y desincentivar aún más el consumo de petróleo y carbón.
El petróleo siempre será necesario, aunque eventualmente solo para productos petroquímicos y otras aplicaciones limitadas, pero la presión política y de los accionistas seguramente motive una producción con bajas emisiones de carbono. En cuanto al de gas, el nivel de aversión no es tan grande, dado su papel de apoyo en la transición y sus credenciales más ecológicas, pero el impacto ambiental del segmento upstream también se analizará más de cerca en el futuro.
Aunque Argentina contamina menos que economías más grandes, las grandes empresas extranjeras que buscan ingresar o aumentar su presencia en el país probablemente lo hagan con planes de mitigación.
Los acontecimientos de los próximos meses con respecto al gasoducto, los contratos de concesión petrolera midstream y, de hecho, el cambio climático podrían ser un indicio del futuro de la producción y la inversión.
También habría que considerar que los inversionistas extranjeros podrían detener el gasto, o al menos limitarlo, mientras no se celebren las elecciones generales para ver si los peronistas retienen el poder o la centroderecha recupera el timón. En el último caso, y si la situación macroeconómica y las condiciones financieras mejoran, podrían florecer más oportunidades en energías renovables e hidrógeno verde y atraer grandes sumas de dinero de actores extranjeros.
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