Problemas políticos acechan al presidente electo de Guatemala

A pesar de que, junto con su partido, fue blanco de las autoridades judiciales antes y después de obtener la victoria electoral el 20 de agosto, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, asumirá el cargo el 14 de enero.

Sin embargo, esta crisis política podría plantear dificultades para su gobierno.

La campaña electoral estuvo plagada de interferencia judicial. Las autoridades intentaron excluir a su partido Semilla y procesar a Arévalo por presuntos delitos graves, entre ellos lavado de dinero, situación que lo dejaba en mal pie para iniciar su gobierno.

“Gestionar un marco de gobernabilidad parece desde el inicio negativo, y parece negativo en tres dimensiones: tiene un entorno institucional adverso, presumiblemente habría una mayoría legislativa de oposición, hay un sistema de justicia electo en los periodos precedentes que no parece que vaya a tener empatía con el nuevo gobierno y, además, un sistema de órganos de control en donde el Ministerio Público ha sido la punta de lanza para tratar de impedir que asuma”, dijo a BNamericas el analista político Eduardo Núñez, domiciliado en Guatemala.

Aunque las autoridades nacionales continúan el acoso, Arévalo cuenta con el apoyo de la comunidad internacional. Los miembros del Parlamento de la Unión Europea presentaron el 13 de diciembre una moción para hacer cumplir sanciones contra los funcionarios de la Fiscalía guatemalteca, como la incautación de activos y el establecimiento de prohibiciones de viaje, incluida la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta.

Sin embargo, los potenciales problemas del presidente electo no terminarán después del 14 de enero, pues Semilla aún enfrenta la orden de un juez que determinó cancelar su personería jurídica por supuestas irregularidades con el registro de afiliados.

“La cancelación de su partido no inhibe al presidente ni a los diputados o alcaldes de asumir, pero sí limita la capacidad de la representación legislativa de actuar como grupo parlamentario formal. No podría integrar junta directiva ni presidir comisiones clave”, advirtió Núñez.

Durante su campaña, Arévalo se comprometió a implementar un riguroso plan contra la corrupción y, para combatirla, prometió nombrar un Gabinete que haría propuestas de reformas legales e impulsaría acuerdos para mejorar la transparencia interna. Sin embargo, sus planes podrían resultar difíciles de implementar, dados los obstáculos que enfrenta.

“¿Cómo gestionar esa expectativa de cambio con un mandato tan limitado en cuanto a capacidad de tener mayor presencia legislativa y territorial? ¿Cómo generar un marco dialógico con actores de poder estratégicos como las Fuerzas Armadas, el sector privado, las iglesias, que son determinantes para generar gobernabilidad en el país?”, pregunta Núñez.

“Al menos desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas y el sector privado, ven con una cierta distancia al nuevo gobierno y su agenda”, añadió.