Chile
Entrevista

Chile necesita ya regulaciones de desalación ante la sequía

Bnamericas Publicado: viernes, 28 octubre, 2022
Chile necesita ya regulaciones de desalación ante la sequía

Ante la sequía histórica que viene golpeando a Chile desde hace más de una década, la desalinización ha tomado fuerza como una posible alternativa prometedora.

Sin embargo, el marco normativo aún no está bien definido. En tanto, hay cuestionamientos sobre su potencial efecto en las tarifas de servicios de agua e iniciativas legislativas sobre el tema se encuentran estancadas en el Congreso.

BNamericas conversó con Lionel Quezada, director de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua (Aladyr), acerca de los principales puntos regulatorios que se deben resolver y el ambiente general para la desalinización en Chile.

BNamericas: ¿Cómo ve el panorama de regulaciones e inversiones respecto de la desalinización?

Quezada: Yo solo puedo comentar sobre la realidad chilena. Creo que en este minuto estamos en una situación muy particular, con una sequía que se arrastra por casi 14 años. Por ende, el desafío es encontrar fuentes adicionales para el suministro de agua. Al pensar en eso surgen inmediatamente dos alternativas: desalación y reúso de agua. 

Desde el punto de vista técnico, están los elementos para realizar inversiones, y la prueba más tangible es el hecho de que ya hay plantas de desalinización en el sector minero que suman una capacidad aproximada de 10m3/s, mientras que hay compañías importantes como Aguas Antofagasta y Aguas Nuevas que ofrecen agua desalada para consumo humano.

Eso da cuenta de que ya existe una masa crítica, la tecnología y la ingeniería para poder desarrollar estos proyectos. La tarea de hoy es poder promover, a través de entidades como Aladyr, una política pública y un marco normativo que permita un desarrollo sustentable y confiable de la desalación y el reúso, el cual hoy no existe.

Hay un proyecto de ley para la desalinización, pero la gran tarea es poder colaborar con las autoridades y los stakeholders para que estas políticas se puedan concretar en el corto plazo.

Y digo “corto plazo” porque si uno comienza un proyecto hoy mismo, la ejecución se va a tardar siete u ocho años. No creo que podamos llegar a 2030 sin soluciones concretas en regulación. 

BNamericas: ¿A qué se debe la demora en la tramitación de la ley de desalinización?

Quezada: La parte más pesada del debate tenía que ver con el modelo de negocio para desarrollar proyectos de desalación.

Algunos opinan que esto debería ser solo impulsado por el Estado y en la otra vereda dicen que debería estar en manos de privados. También hay un sector más conciliador que promueve la participación público-privada. 

Mi opinión personal es que todos los caminos son válidos y que dependerá de la zona del país, del tipo de mercado y del tipo de cliente al que uno quiera llegar, porque no es lo mismo suministrar agua desalinizada a un proyecto minero que para consumo humano.

BNamericas: El proyecto de ley que creaba la Subsecretaría de Recursos Hídricos, impulsado por el gobierno anterior, pero frenado por el actual, habría permitido al Ministerio de Obras Públicas (MOP) desarrollar concesiones de desalinización ¿Lo considera una buena alternativa para impulsar la desalación en Chile?

Quezada: Es una alternativa viable, pero al final lo que quería impulsar el gobierno anterior tiene que conciliarse con lo que quiere el gobierno actual, y eso da cuenta del desafío que atravesamos como país.

La sequía no va a esperar al gobierno de turno. 

BNamericas: ¿Cómo se podría evitar que el alza de las cuentas de agua se vuelva un problema sociopolítico si se traspasan los costos de desalinización y reúso a los usuarios?

Quezada: Ese es uno de los puntos del modelo de negocio que se discutía en el proyecto de ley de desalinización, y es algo fundamental. 

Hay opiniones de todo tipo, pero las plantas multiuso, con tarifas diferenciadas podrían ser una alternativa dependiendo de los clientes. En este escenario se podría tener un gran cliente minero que sería un stakeholder principal que soportaría gran parte del proyecto y permitiría llegar con costos más bajos a usuarios que no pueden pagar tanto, como agricultores o proyectos inmobiliarios.

Hay que encontrar una manera de hacerse cargo de esa diferencia, y ya hay algunos que están apuntando a esta clase de proyectos, pero, para que todo esto prospere adecuadamente, volvemos a la línea anterior del marco normativo y la política pública.

Esto debería ser una política de Estado, y ahí hemos visto buenas señales del MOP en las reuniones que hemos tenido y van a avanzar un par de proyectos de desalinización en 2025.

Hay conciencia en torno a buscar una solución, el punto clave a resolver son el modelo de negocios. Son cosas que hemos conversado, pero no hemos pasado a la acción como país.

El gobierno actual lleva relativamente poco tiempo instalado, pero hemos visto buenas señales en varios ministerios.

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