La paradoja del mercado libre brasileño: precios bajos y facturas altas para los consumidores

Los subsidios, la deficiente regulación y los intereses políticos son obstáculos para que Brasil reduzca sus tarifas de electricidad y atraiga industrias internacionales interesadas en producir con fuentes renovables.

Es la opinión de Paulo Pedrosa  (en la foto), presidente de la Asociación Brasileña de Grandes Consumidores de Energía y Consumidores Libres (Abrace), que reúne a más de 50 grupos empresariales responsables de casi el 40% del consumo eléctrico y el 42% del consumo de gas natural en el país.

En esta entrevista, Pedrosa y los respectivos directores de gas y energía eléctrica de Abrace, Adrianno Lorenzon y Victor Locca, abordan los principales retos y perspectivas del sector.

BNamericas: Brasil es uno de los países con las tarifas eléctricas más caras del mundo. ¿Qué estrategias han adoptado los grandes consumidores de energía para reducir sus costos?

Pedrosa: Desde una perspectiva coyuntural, como las tarifas eléctricas en Europa están muy afectadas por la guerra de Ucrania y esto contagia a otros países, en este momento ya no somos los campeones de la energía más cara. Sin embargo, podríamos tener una energía mucho más limpia, barata y segura.

La riqueza energética de Brasil es capturada por intereses en la cadena energética a través de subsidios, protecciones, regulación deficiente y falta de competencia, además de intereses políticos que “se aferran” al sector energético.

Mientras tanto, en el sector del gas natural, vemos un movimiento hacia la concentración del mercado, lo que no es propicio para la competencia.

Creo que el ministro [de Hacienda, Fernando] Haddad aprovechó, en su participación en el Foro Económico [Mundial] de Davos, una gran oportunidad para Brasil: que podamos ser un polo de energía renovable, atraer industrias presionadas por los costos energéticos en otros lugares del mundo para producir aquí.

BNamericas: Habla de concentración en el mercado del gas, a pesar del trabajo realizado por el gobierno y las autoridades para abrir este sector con un nuevo marco regulatorio, una menor participación de Petrobras y nuevos proveedores del combustible.

Pedrosa: Resulta que, en la práctica, los anticuerpos que genera la modernización que prevé la nueva ley de gas han ido imponiéndose en muchas situaciones. La regulación del gas es anticuada y favorece a las distribuidoras de los estados.

Lorenzon: Hemos tenido cierta diversificación en el suministro de la molécula, con entre 10% y 15% del gas que saldrá de manos de Petrobras e irá a manos de actores privados. Pero hay una tendencia a la concentración de la demanda; primero, porque Petrobras vendió Gaspetro a Compass [del grupo Cosan], que ya era propietaria de la distribuidora principal [Comgás], y el mercado libre todavía es muy pequeño. Por el lado de la oferta, también vemos una tendencia a la concentración en Petrobras. Ese 10% a 15% puede ser un techo, considerando la cartera de proyectos de Petrobras que entrarán en operación en los próximos años.

BNamericas: Está el tema del gasoducto Subida da Serra, respecto del cual Abrace ya adoptó una postura.

Lorenzon: El proyecto Subida da Serra es un ejemplo de autocontratación que está practicando Compass, tal como hizo Petrobras a lo largo de su historia.

Cabe mencionar que Cosan compró también Sulgás y podría adquirir ESGás y una participación en la distribuidora del estado de Paraná [Compagás, que será privatizada]. También está Gasmig, que debiera lanzar una oferta pública inicial.

BNamericas: ¿No le corresponde actuar a[l regulador de competencia] CADE para evitar esta concentración?

Lorenzon: CADE no vetó la compra de Gaspetro por parte de Compass. Estábamos muy en contra de esta venta, que iba en contra del TCC [compromiso de cesación de práctica] firmado por Petrobras con CADE [en 2019 para reducir la concentración de mercado de la estatal]. No podemos confiar en que actuará ahora.

BNamericas: La hidrología del país atraviesa un momento especialmente favorable, bastante diferente a lo observado en 2021. ¿Se esperan tarifas de energía más bajas este año?

Pedrosa: Nuestra base es el consumidor industrial, que está en el mercado libre. Entonces, no miramos la tarifa de energía, sino el costo final de la energía, que incluye un conjunto de cargos que paga el consumidor. Percibimos que, en este momento, los precios de los contratos de energía son bajos, pero las perspectivas futuras siguen siendo preocupantes.

Los costos de transmisión están aumentando y probablemente subirán los costos que pagan todos los consumidores por la capacidad de respaldo. En Brasil vivimos la paradoja de tener un mercado libre con precios bajos, pero una factura alta para los consumidores. Nuestra prioridad es la modernización del sector eléctrico y el desmantelamiento de un mecanismo de subsidio que está disparando la factura energética.

Hay varios temas preocupantes. ¿Por ejemplo, [la central nuclear] Angra 3 entrará al sistema como capacidad de respaldo? Esto representaría más de 4.000 millones de reales [US$770 millones] en costos adicionales por año para los consumidores.

Otro caso: las empresas de transmisión quieren remplazar equipos antiguos por nuevos cuyo valor es determinado por el banco de precios de[l regulador] Aneel . Esto podría sumar otros 32.000 millones de reales en costos de transmisión.

El consumidor brasileño ha pagado por las anomalías de la privatización de Eletrobras, por los subsidios al carbón, a las pequeñas distribuidoras y a la generación distribuida.

Locca: Mañana [jueves], los consumidores brasileños pagarán 1.300 millones de reales por las centrales térmicas contratadas en la subasta de emergencia [PCS, realizada en 2021], de los cuales casi 450 millones de reales son para plantas que comenzaron a operar hasta con cuatro o cinco meses de retraso. Solo están recibiendo porque Aneel, hasta ahora, no ha terminado de evaluar las solicitudes de exclusión y otros procesos administrativos. Eso es todo lo que falta para rescindir los contratos.

El año 2023 comienza con reajustes en las tarifas eléctricas muy cercanos a la inflación e incluso algunas distribuidoras tendrán reducciones de tarifas. Por lo tanto, esta podría ser una oportunidad para volver a discutir el sector sin un ambiente estresante. Volver a discutir la formación de precios y la CDE [cuenta de desarrollo energético], para que podamos transferir los subsidios dentro de la CDE al presupuesto del Gobierno Federal, que debe asumir este costo.

Uno de los mayores impactos en los últimos años es la CCC [Cuenta de Consumo de Combustibles, que subsidia los costos anuales de generación de zonas no conectadas al Sistema Interconectado Nacional]. Tuvo un gran incremento debido al alza de los precios de los combustibles. Estos subsidios rondan los 10.000 millones de reales al año.

Paralelamente, el subsidio a las fuentes renovables por parte de la CDE ha venido aumentando a un ritmo acelerado y ya alcanza los 9.000 millones de reales anuales.

Además, está la tarifa eléctrica social, que en los últimos dos años se ha duplicado con creces debido a la pandemia del COVID-19. Y seguirá subiendo. Abrace reconoce que, socialmente, es justo tener tarifas eléctricas diferenciadas, pero eso es una política pública, no del sector eléctrico. Tendría que haber apoyo del Gobierno Federal.

BNamericas: ¿Cómo ve Abrace el escenario de apertura del mercado energético?

Pedrosa: Estamos a favor de la libertad de elección, pero es importante señalar que el mercado de energía de Brasil tiene muchas distorsiones y subsidios. La apertura del mercado con mantenimiento de los subsidios beneficiará parcialmente a algunos consumidores, pero generará una explosión de cargos en la CDE que serán pagados por los demás. La apertura debe favorecer la eficiencia del mercado, beneficiar a todos en el mercado, no solo a algunos consumidores.

BNamericas: ¿Cuáles son actualmente las principales solicitudes de la asociación y la agenda para 2023?

Pedrosa: En el sector de gas, es importante cumplir con lo aprobado en la ley de gas. Algunos estados están aprobando leyes que contradicen la ley de gas. Tenemos mucho gas en el presal, pero corremos el riesgo de perder la oportunidad de la transición energética con este combustible.

Lorenzon: La [agencia reguladora] ANP aún no ha establecido ninguna reglamentación contemplada en la ley de gas. En las áreas en que el Gobierno Federal no interviene, los estados terminan creando reglas que benefician a las distribuidoras [de propiedad estatal], dificultan el desarrollo de un mercado libre y mantienen la demanda a través de un mercado cautivo.

Otro elemento importante es la concentración del suministro de gas en manos de Petrobras. Se espera que la ANP abra una consulta pública sobre este tema. Nos preocupa la posibilidad de que CADE retome el compromiso de cesación de práctica con Petrobras. Lucharemos contra eso.

Locca: Hay que volver a discutir la obligación de contratar los 8GW de capacidad termoeléctrica a gas [como prevé la ley de privatización de Eletrobras]. Argumentamos que esta contratación no debe darse, porque el país no la necesita. Cuando todos estén en operación, costarán a los consumidores al menos 20.000 millones de reales al año.

BNamericas: ¿El hidrógeno verde en los planes de sus afiliados?

Pedrosa: Tenemos muchos intereses. En el sector del acero, por ejemplo, el hidrógeno verde podría potenciar el papel de Brasil en las exportaciones siderúrgicas con acero verde. Sin embargo, tenemos una preocupación, que el desarrollo del hidrógeno verde no se base en subsidios del sector eléctrico.