Una mirada más profunda a la estrategia de Brasil para combatir la minería ilegal

El Gobierno de Brasil, bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, ha optado por hacer de la industria minera informal una de sus primeras prioridades políticas.

En los últimos años las operaciones mineras ilícitas han proliferado, especialmente en áreas remotas del norte del país y en territorios indígenas. Esto ha venido de la mano con un rápido aumento de la deforestación, ya que madereros y ganaderos han talado ilegalmente los bosques luego de las tentativas del expresidente Jair Bolsonaro para legalizar la minería en reservas indígenas, incluso en la selva.

Poco después de la elección de Lula en octubre, el mandatario se comprometió a combatir la minería informal y proteger a los pueblos indígenas. Recientemente visitó el estado de Roraima luego de que medios locales informaran sobre altos niveles de desnutrición y enfermedades en el área, los cuales se atribuyen a las actividades mineras de agrupaciones delictivas organizadas, a la destrucción ambiental asociada y a la explotación de las comunidades.

La mayor parte de la minería ilícita en Brasil está centrada en la producción de oro y la ONG de sostenibilidad Instituto Escolhas ha sido muy diligente en documentar estas actividades y en recopilar y reportar datos para demostrar la magnitud del problema.

BNamericas conversa con Sergio Leitão, fundador y director ejecutivo de Instituto Escolhas y exdirector de Greenpeace en Brasil, sobre la situación actual y los cambios que espera en términos legislativos para combatir la minería ilegal.

BNamericas: ¿El tema del combate a la minería ilegal entró definitivamente en la lista de prioridades del Gobierno Federal de Brasil o es más bien un discurso que una práctica?

Leitão: El tema entró definitivamente en la lista de prioridades del Gobierno Federal y, en especial, del presidente Lula.

En el discurso de Lula el día que ganó [las elecciones de octubre], señaló que combatiría la minería ilegal y luego, en el discurso de toma de posesión [el 1 de enero], también lo mencionó. Más recientemente, fue al estado de Roraima después de la impactante noticia de lo que estaba pasando en territorio yanomami y ahora está tomando todas las medidas necesarias.

BNamericas: ¿Qué medidas prácticas ha tomado el gobierno hasta ahora?

Leitão: El gobierno ya solicitó a la Fuerza Aérea que establezca un bloqueo aéreo sobre el territorio indígena yanomami, ya que todos los suministros para esa actividad ilegal se entregan allí a través de aviones.

Además, el ministro de Justicia encargó un estudio para derogar todas las leyes vigentes que promuevan la minería en la región amazónica y tiene previsto, en particular, revocar un detalle absurdo de la legislación brasileña que autoriza todas las operaciones de compra y venta de oro, considerando que sean de buena fe, lo que protege a cualquier persona que declare falsamente que produjo oro en un área legal, incluso cuando lo haya hecho realmente en tierras indígenas.

Hasta ahora, las señales son que esta es una prioridad del gobierno, pero necesitamos que todos estos compromisos se transformen en medidas legales.

BNamericas: ¿Qué más se puede hacer para frenar la minería ilegal, además de las medidas que ya mencionó?

Leitão: También es necesario que la autoridad tributaria exija facturas electrónicas para las operaciones de oro, ya que eso permitirá controlar las compras y ventas. Actualmente este trámite se realiza en papel, lo que posibilita todo tipo de fraudes.

BNamericas: El Gobierno alemán anunció recientemente que reanudará los aportes al Fondo Amazonía para proteger la selva tropical. ¿Cuál es su opinión al respecto y puede el fondo ayudar al Gobierno Federal a intensificar la lucha contra la minería ilegal?

Leitão: Sí, la reanudación de los aportes al Fondo Amazonía y las nuevas donaciones son esenciales para que el Gobierno Federal tenga los recursos necesarios para sacar a los mineros informales y para adoptar medidas adicionales de protección en la zona.

Pero, más que eso, también será importante adoptar medidas para contener otras invasiones a tierras indígenas del área, como las que ocurren en el estado de Pará, no solo en territorio yanomami.

BNamericas: ¿Qué importancia tienen las medidas de los gobiernos estatales en el combate a la minería ilegal?

Leitão: Es importante que los gobiernos estatales también hagan su parte, no solo ayudando al Gobierno Federal a través del uso de efectivos policiales estatales, sino también, en el caso del estado de Pará, retirando una extraña autorización que existe hoy en ese estado, por medio de la cual los municipios tienen la facultad de otorgar permisos ambientales a actividades.

Esto [el licenciamiento ambiental] no es una facultad que deban tener los municipios, porque no cuentan con técnicos ni conocimientos suficientes para estas tareas. Es fundamental no solo que el Gobierno Federal actúe, sino que los gobiernos de los estados, particularmente el de Pará, hagan también su parte.

En el caso del estado de Roraima, es fundamental investigar la conducta del gobernador del estado, quien no solo es un promotor confeso de actividades de garimpo [minería artesanal y muchas veces informal], sino que también ha creado leyes estatales que prohíben la incautación de equipos utilizados para extracción minera ilegal.

BNamericas: La Corte Suprema de Brasil resolvió ordenar una investigación sobre presuntos delitos de genocidio contra comunidades indígenas por parte del gobierno de Bolsonaro. ¿Podría convertirse esto en uno de los mayores dolores de cabeza para el expresidente en el ámbito legal?

Leitão: Podría convertirse en su mayor dolor de cabeza legal, porque el delito de genocidio conlleva penas muy severas. Son aplicadas por la Corte Penal Internacional y también por las autoridades judiciales de Brasil.

Las penas no solo incluyen privación de libertad, sino también una condena internacional, ya que el genocidio se caracteriza también por medidas y omisiones que tienen como resultado el exterminio de un pueblo y, por tanto, se trata de un asunto de la mayor gravedad.

Todo esto tiene que ser investigado por las autoridades judiciales, pero yo diría que podría ser mucho más que un dolor de cabeza, podría ser una grave migraña.