Chile apunta a reforzar fiscalización de empresas de aguas

Las empresas hídricas chilenas deberán realizar inversiones para reducir el agua no facturada, que en algunas áreas llega incluso al 30% del total y, en caso de no cumplir con ciertas metas, serán sancionadas.

“Llevamos 14 años de escasez hídrica, y no puede ser que las sanitarias [empresas hídricas] se den el gusto de perder agua”, dijo Jorge Rivas, titular de la agencia reguladora sectorial SISS, durante la 2ª Expo Agua Santiago.

Rivas aclaró que el agua no facturada considera la que se pierde por fallas en infraestructura, aquella extraída ilegalmente y la entregada por el gobierno a campamentos informales.

Las metas, que cada compañía especificará por cada categoría, entrarán en vigor el próximo año luego de dos años de negociaciones entre el regulador y los operadores.

Rivas señaló que Chile debe enfocarse en mejorar el manejo del agua antes de considerar nuevas fuentes como la desalinización y la reutilización de aguas residuales, ya que su desarrollo lleva mucho tiempo y su alto costo significaría cuentas más altas.

“Podrían hacer aumentar la cuenta de agua en un 50%, 70% o 100%”, indicó. “Como son soluciones más caras, lamentablemente ya se transforma esto en un problema sociopolítico”.

SANCIONES A ESVAL

Cuando BNamericas preguntó a Rivas sobre Esval, compañía de la Región de Valparaíso que enfrenta multas por casi US$1 millón luego de un derrame de aguas residuales en un estero, el funcionario indicó que el proceso no considera la anulación de la concesión, pese a tratarse del segundo incidente de este tipo de la concesionaria en menos de dos años.

“Tenemos una legislación que establece que la caducidad [de la concesión] se tiene que dar en cierto contexto, se tienen que cumplir ciertos requisitos, pero algunos de esos requisitos son superclaros y otros que, la verdad, no son claros, y es protestad de la autoridad ponderarlos”, indicó. Agregó que en este momento la situación de Esval no cumple con los requisitos para tal acción.

Rivas admitió que esta falta de claridad impidió que la SISS diera por terminada la concesión otorgada a la compañía sureña Essal luego de un corte de agua que por 10 días afectó a la ciudad de Osorno en junio de 2019 debido a un derrame de petróleo dentro de una planta potabilizadora. Sin embargo, se le aplicó una multa de 1.700 millones de pesos (US$1,8 millones al cambio actual).

También dijo que un proyecto para reformar la ley de servicios de agua, estancado durante dos años en medio del proceso de reforma constitucional y la pandemia, daría más claridad a los reguladores para aplicar sanciones.