Ecuador intenta frenar nuevo referendo antiminero

Ecuador, donde en el último tiempo se han realizado varias consultas populares contrarias a proyectos mineros, podría celebrar un nuevo referendo contra la industria en momentos en que comunidades agrícolas expresan preocupación por posibles impactos ambientales.

Tanto el Gobierno ecuatoriano como la industria minera han apelado la propuesta de referendo sobre el desarrollo de actividad minera en cuatro municipios de las provincias de Carchi e Imbabura, pues podrían afectar proyectos como el Cascabel (oro y cobre), de SolGold.

Las autoridades sostienen que la política nacional de recursos naturales prevalece sobre las consultas locales. El viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, también advirtió que la prohibición de la minería a gran escala fomentará la expansión de operaciones ilegales y agregó que la política minera recién anunciada por el gobierno pone gran énfasis en el tema ambiental.

"Nos dicen que la minería legal no es contaminante", declaró el procurador Wilmer Meneses al periódico quiteño El Comercio durante una audiencia de la Corte Constitucional. "Pero vemos que no es así, van a desaparecer las comunidades".

El 24 de junio la corte emitiría un dictamen sobre si se realizará el referendo, según SolGold.

"Asistieron a la audiencia representantes de gran cantidad de organismos gubernamentales, empleados, representantes de comunidades regionales, grupos promineros, grupos mineros internacionales y miembros de la comunidad de Cascabel para demostrar su firme oposición a la propuesta", indicó la firma australiana en un comunicado. "SolGold continúa recibiendo pleno y objetivo apoyo del Gobierno ecuatoriano".

El referendo propuesto se plantea después de que un plebiscito realizado en marzo rechazara las operaciones mineras en la provincia de Azuay, de abundantes recursos cupríferos, lo que potencialmente afectaría los proyectos Río Blanco de Junefield y Loma Larga de INV Metals.

"Confiamos en que la corte haya escuchado los argumentos claros de la Cámara de Minería de Ecuador (CME) y de quienes manifestamos que realizar una consulta popular por interés particular de un grupo de personas es inconstitucional", señaló Andrés Ycaza, vicepresidente de la CME, en su cuenta de Twitter.

Ecuador, que ha estado intentando atraer inversión minera en los últimos años para diversificar su economía y mitigar la dependencia de los hidrocarburos, combatió en noviembre protestas de grupos indígenas que se oponen al plan gubernamental para aumentar el número de concesiones mineras.

El presidente Lenín Moreno, que asumió el cargo en mayo de 2017, busca recaudar US$4.600mn en inversiones durante los próximos cuatro años en grandes proyectos mineros de empresas como Junefield, Lundin Gold, EcuaCorriente, INV, SolGold, BHP y China Explorcobres.

El mes pasado, SolGold publicó una evaluación económica preliminar para el depósito Alpalá de Cascabel, que señala que un proyecto de US$2.400mn-2.800mn podría promediar anualmente 207.000t de cobre, 438.000oz de oro y 1,4 millones de onzas de plata en un período de 25 años.