Surge controversia por idea de convertir multas de Lava Jato en inversión de obras públicas

La idea de convertir las multas impuestas a los conglomerados de construcción vinculados a la investigación anticorrupción Lava Jato en inversiones de obras públicas ha encontrado resistencia.

“No me parece buena idea. Lo ideal sería que este gobierno no se metiera en temas relacionados con acuerdos de clemencia ya firmados para que no se retomen discusiones políticas pasadas en las que el oficialismo era centro de los reclamos de la opinión pública", dijo Carlos Fernando dos Santos Lima, uno de los principales fiscales del caso Lava Jato y hoy consultor de cumplimiento, en conversación con BNamericas.  

Según Dos Santos Lima, los proyectos que pueden optar a acuerdos de clemencia serán examinados por organismos de control. "Habrá muchos ojos atentos a cómo se llevarán a cabo estas licitaciones", detalló.

El tema cobró relevancia luego de que el jefe de Gabinete, Rui Costa, señalara a un canal de televisión que convertir las multas podría “acelerar [las obras] sin depender del presupuesto directo del Gobierno Federal, ya que se trata de recursos que no están liberados en el presupuesto y que podrían llegar a estas obras de manera rápida, porque serían ejecutados por las empresas deudoras en virtud de los acuerdos de clemencia”.

Sin embargo, los comentarios provocaron incluso cierto rechazo dentro de la administración.

"Este tema está lejos de ser aceptado unánimemente por la actual administración y tanto la Contraloría General como el Ministerio Público han mostrado resistencia a esta idea", dijo a BNamericas un dirigente empresarial que solicitó anonimato.

LAVA JATO

En 2014, las autoridades brasileñas lanzaron la operación Lava Jato, que se enfocó en investigar contratos irregulares de la petrolera estatal Petrobras y descubrió una vasta red de corrupción que afectaba a otros sectores de Brasil y otros países.

Varios políticos y ejecutivos de los conglomerados de construcción fueron arrestados.

En total, se firmaron 17 acuerdos de clemencia con las empresas que cometieron irregularidades, las cuales accedieron a pagar 12.700 millones de reales (US$2.500 millones).