Suspensión de restricciones a tercerización laboral asesta golpe a Gobierno peruano

El Gobierno peruano sufrió un duro revés luego de que la autoridad nacional de competencia y propiedad intelectual, Indecopi, suspendiera esta semana un decreto que impone controles sobre la tercerización laboral.

La subcontratación fue prohibida por decreto en agosto y se esperaba que la medida tuvieras serias repercusiones, en especial, en la industria minera, donde es práctica común. Sin embargo, numerosas compañías presentaron acciones legales con el argumento de que la modalidad es necesaria para operar normalmente, por lo que Indecopi decidió suspender el decreto. 

El Ministerio de Trabajo, MTPE, señaló en un comunicado que lamenta la decisión del regulador, pero recalcó que "seguirán con la defensa y el respeto de los derechos de los trabajadores tercerizados", dentro del ámbito de las competencias de la cartera.

En su resolución, Indecopi ratificó en una medida cautelar presentaba por la minera Cosapi, que ya no será sancionada por usar servicios de terceros. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima, la resolución no solo se aplica a Cosapi, sino a todas las empresas que presentaron recursos legales en contra de la norma e incluso a las que no lo hicieron.

Alrededor de 1.000 recursos judiciales fueron interpuestos por diversas empresas contra el decreto.

Si bien la resolución suspende los controles sobre la tercerización laboral, la norma todavía no ha sido derogada.

“Hay posibilidades de que el mismo tribunal de Indecopi confirme a fondo el caso y se derogue la norma. Esto se dará las próximas semanas”, dijo a BNamericas Jorge Toyama, especialista en derecho laboral y socio de la firma Vinatea & Toyama. 

REACCIONES

El MTPE no se quedará de brazos cruzados. Toyama señala que el ministerio iniciará un juicio contra Indecopi por la resolución, además de emitir una medida cautelar para intentar cancelar la resolución y restablecer la vigencia del decreto.

Sin embargo, probablemente no prosperará. “Si revisamos los antecedentes, en el 90-95% de los casos, lo que dice un tribunal administrativo como Indecopi se suele confirmar en el Poder Judicial”, añade el especialista. 

El ministerio podría conducir una supervisión más estricta de las actividades tercerizadas, con evaluaciones e inspecciones laborales considerablemente más exigentes para aplacar a los sindicatos.

Con esto, el regulador nacional de inspecciones laborales, Sunafil, analizará de cerca si las empresas son autónomas o no, si emplean sus propios recursos o si los costos son asumidos por terceros, entre otros aspectos.

“Se podrán iniciar procesos para incluir en planilla a trabajadores tercerizados de no cumplir con los requisitos”, comenta Toyama. Sunafil ya comenzó varios de estos procesos, pero acaban de quedar suspendidos. 

La resolución de Indecopi es el primer caso en que una autoridad independiente ha suspendido un reglamento del gobierno. “Se ganó una batalla, pero la guerra [sigue] todavía. Será difícil con el gobierno actual, por lo que venimos recomendando a las empresas no cantar victoria”, concluye Toyama.