Chile
Análisis

Impactos de la reforma tributaria para el sector empresarial y la minería de Chile

Bnamericas Publicado: martes, 02 agosto, 2022
Impactos de la reforma tributaria para el sector empresarial y la minería de Chile

El Gobierno de Chile presentó una reforma tributaria a inicios de julio para reducir la elusión y evasión de impuestos, lograr una mejor distribución de las riquezas y ayudar a financiar los derechos sociales que requiere el país. 

La reforma busca recaudar el 4,1% del PIB en impuestos en un plazo de cuatro años. Si bien el Ministerio de Hacienda indicó que el 97% de las personas no registrarían alzas de impuestos, ya que solo apuntan al 3% de la población con los mayores ingresos, los impactos más significativos se percibirían en el sector empresarial. 

Dentro de las propuestas se incluye una reestructuración del impuesto a la renta, un impuesto a la riqueza, el impuesto a la herencia y patrimonio y el royalty a la minería del cobre y litio.

En el impuesto a la renta, el gobierno perfila un sistema dual y desintegrado, que diferencie la tributación de las empresas de la de sus dueños y socios. El cambio está dirigido a simplificar el sistema tributario y reducir los registros y formularios que se deben presentar en la declaración anual de impuestos. No obstante, deja las rentas del capital sujetas a un nuevo gravamen a los dividendos. 

Por un lado, se reduce la tasa del impuesto corporativo del actual 27% a 25%, lo que es un aspecto positivo, ya que mantiene el cálculo basado en la renta líquida imponible, comentó Juan Antonio Rivera, experto tributario de EY, en una charla virtual sobre los impactos de la reforma. 

No obstante, existen dudas sobre cómo se calcularán los impuestos diferidos y a las ganancias relacionadas con los activos y pasivos de las empresas, tales como la norma NIC 12 de contabilización del impuesto a las ganancias, añadió Rivera.

La reforma agrega una tasa de desarrollo de 2% que surge de la renta líquida imponible y de las sumas de los gastos que las compañías acrediten como inversión en áreas de innovación y desarrollo (I+D), adquisición de equipamientos y/o servicios tecnológicos que tengan por objeto impulsar la productividad de la compañía a través de la contratación de proveedores locales. 

“Estos gastos podrán ser rebajados como parte de la tasa de 2%. En definitiva, el gobierno incorpora este incentivo para que las empresas destinen más recursos para mejorar su estándar tecnológico y su productividad", dijo el abogado de EY. 

Para las personas, se crea un impuesto a las rentas del capital de 22% por aplicar a los dividendos de los contribuyentes (personas chilenas o residentes extranjeros de países sin convenio de doble tributación), quienes podrían reliquidar sus tributos incorporando el dividendo a la base de su impuesto global complementario, según un informe del estudio jurídico Carey.

Este sistema no afectaría a las pymes ni a los inversionistas extranjeros residentes en países con convenios para evitar la doble tributación con Chile, añadió Carey. A ellos se les mantendrá un impuesto adicional de 35% si dichos convenios establecen una cláusula mediante la cual el gravamen corporativo puede usarse como crédito para el pago del impuesto final, señaló Rivera.  

En definitiva, aparte del impuesto corporativo, las empresas estarán obligadas a pagar este tributo a la renta del capital, lo que según Rivera no se descarta que pudiera generar una doble tributación para las compañías. 

Existe también un tributo al diferimiento de impuestos finales que obliga a las empresas a demostrar sus rentas mediante contabilidad, estando sujetas a una tasa de 1,8% cuando al menos el 50% de sus ingresos brutos anuales provengan de rentas pasivas, como es el caso de dividendos y ganancias de capital. Este tributo impactará en las inversiones de extranjeros en Chile y de chilenos en el exterior, señaló María Javiera Contreras, socia líder de consultoría tributaria de EY.

La reforma tributaria también incluye un impuesto a la riqueza que se aplicará a todas las personas con residencia en Chile que tengan un alto patrimonio. Este concepto abarca activos como vehículos, bienes raíces, participación en sociedades, portafolios de inversiones e instrumentos financieros tanto en Chile como en el exterior.

El proyecto de ley propone un tributo a la riqueza de 1% sobre los patrimonios que van desde 6.000 unidades tributarias anuales (UTA) hasta 18.000 UTA (entre US$4,9 millones y US$14,7 millones) y una tasa de 1,8% para los patrimonios sobre 18.000 UTA.

Si a un patrimonio que tiene una rentabilidad, por ejemplo, de 5% anual, se le suma el impuesto a la renta más el nuevo tributo patrimonial, la persona tendría que pagar al Estado el 79% de la utilidad lograda por su portafolio. Esto motivaría una salida de capitales al exterior, advierte Pablo Greiber, socio líder de empresas familiares de EY. 

De aprobarse, la nueva normativa entrarían en vigor en 2024. 

ROYALTY MINERO 

Para la minería se establece un régimen que suscribe principalmente a la gran minería del cobre. Actualmente, el sector responde a un impuesto específico a la actividad minera (IEAM), que está basado en la renta imponible operacional minera (RIOM), cuyas tasas progresivas varían entre 5% y 14% cuando las ventas anuales del contribuyente exceden las 50.000t de cobre fino. 

Considerándose insuficiente para recaudar lo necesario para el Estado, en 2018 la Cámara de Diputados propuso un royalty minero sobre la minería del cobre y el litio. El proyecto original establecía tasas progresivas ad valorem de 3% a 34% sobre las ventas anuales del metal rojo, lo que fue ampliamente criticado por aumentar los costos y desincentivar la inversión.

En la instancia, gremios del sector rechazaron la propuesta, argumentando que el actual IEAM es un modelo seguro y suficiente para la sustentabilidad del desarrollo minero, además de aportar al Estado.

“A medida que aumentan los ingresos por efecto del precio, se elevan los márgenes, las utilidades y también la tasa impositiva, de modo que el efecto recaudatorio es creciente", dijo el año pasado Diego Hernández, presidente de la asociación minera Sonami, sobre el actual tributo a la minería.

La comisión de minería y energía del Senado modificó después la propuesta al establecer una tasa ad valorem de 1% para las empresas con una producción inferior a 200.000t de cobre fino al año. Y para las compañías con niveles superiores, la tasa quedaría sujeta a la variación del precio del cobre fluctuando entre 1% y 3% de las ventas anuales. Mientras tanto, el cálculo de la rentabilidad se ajustaría al precio del cobre con tasas de 2% a 40%, obtenido de la diferencia del impuesto a la renta y lo que resulte de las tasas progresivas del margen de explotación minera ajustado (Memaj).

Esta propuesta fue despachada por la comisión de minería del Senado a la comisión de hacienda en marzo de 2022. No obstante, también recibió críticas, particularmente por no considerar la capacidad de pago de las empresas ni su diversidad en las estructuras de costos. 

“Llamamos a los senadores que integran la comisión de hacienda a pensar en el largo plazo, ya que esto se puede transformar en pan para hoy y hambre para mañana. Si las compañías quiebran o se van del país, habrá responsables por matar la gallina de los huevos de oro”, sostuvo Manuel Viera, expresidente de la Cámara Minera de Chile, en una columna de opinión publicada en el medio Cooperativa. 

El presidente Gabriel Boric recogió gran parte de la propuesta aprobada por los senadores, si bien elevó algunas tasas del impuesto a la rentabilidad operacional, pero mantuvo las tasas para aquellas mineras cuyas ventas provengan en menos de 50% del cobre o produzcan menos de 50.000t de metal rojo fino al año. 

La propuesta de royalty del gobierno establece un régimen para las compañías con una producción superior a 50.000t anuales, basándose en dos componentes: el ad valorem, es decir, sobre las ventas anuales de cobre (o ingresos brutos) y otro sobre el margen operacional minero.

El componente ad valorem establece tasas que van de 1% a 2% para quienes producen entre 50.000t y 200.000t de cobre fino al año y de 1% a 4% para aquellas con más de 200.000t al año.

El componente sobre la renta minera fija tasas de 2% a 32% sobre la rentabilidad operacional si el cobre se transa entre US$2/lb y US$5/lb, tomando como base la renta imponible operacional minera ajustada (Rioma).

"A la Rioma no se le podrá rebajar los impuestos sobre el margen minero ni tampoco la depreciación por activos fijos o los gastos de las empresas, golpeando fuertemente al negocio minero", dijo Alicia Domínguez, socia de impuestos y experta en minería de EY. Estas inversiones en activos y en gastos preoperativos, como las exploraciones, son elementos esenciales de los proyectos mineros.

"El royalty impacta a la competitividad de Chile como un país receptor de inversión minera. El énfasis debiera estar en un régimen tributario que sea capaz de capturar la mayor cantidad de recaudación en momentos de ciclos de rentabilidad alta, pero que también sea lo suficiente competitiva con respecto de otras jurisdicciones, para seguir atrayendo inversión minera a Chile”, indicó Domínguez.

Otro efecto sería que las firmas pequeñas terminarán pagando las mismas tasas que las grandes compañías, tanto en períodos de altos precios como en los ciclos de baja, desmotivando su crecimiento. Si se quiere capturar la utilidad real y hacerla tributar en forma significativa, las tasas sobre la minería no debieran depender del precio del cobre, sino del margen operacional minero de cada operación para identificar y capturar la utilidad con tasas más altas en los momentos que corresponda, concluyó la experta.  

“Por muy loable que sea, debemos tener cuidado de no asfixiar financieramente a los inversores extranjeros ni de generar nuevas incertidumbres. Una subida de impuestos progresiva y clara puede ser buena para el país, pero una reforma fiscal poco clara y poco fiable sería probablemente muy perjudicial”, señaló Mirco Hilgers, especialista en legislación minera de Chile para la firma de servicios legales Baker McKenzie, en conversación con BNamericas sobre los impactos del royalty.

Actualmente los legisladores analizan el proyecto del royalty minero. Los resultados del análisis se esperan para el cuarto trimestre de este año. De aprobarse la legislación, que regiría a partir de 2025, este representaría entre un 0,5% y un 0,6% del PIB, según información del Senado.

Con respecto a los ingresos fiscales recaudados, el 35% iría a las regiones mineras y el 65%, al resto del país. De aprobarse el impuesto, se generarían cerca de US$300 millones en 2025. 

Con el dinero recaudado también se fortalecerá el fondo para la investigación y competitividad regional en US$100 millones anuales. Es decir, las regiones mineras recibirían cuatro veces más recursos per cápita que el resto de la nación.

CONCLUSIÓN 

Un informe de la OCDE, titulado Tax Policy Reviews: Chile 2022, reveló que la carga tributaria como porcentaje del PIB del país está entre las más bajas de los países miembros con un 20,7% en 2019, lejos de la media de 34,7%.

Según el informe de la operación renta 2022, publicado en julio por el Servicio de Impuestos Internos, la tributación del país aumentó 72% respecto del año anterior, a US$20.684 millones. De estos, la minería chilena contribuyó con más de un quinto de los ingresos tributarios totales, siendo el mayor aporte en una década.

El aumento de los ingresos tributarios se explicó en gran medida por el aumento en la recaudación del impuesto corporativo en 65%, que generó otros US$6.351 millones. Este escenario fue favorecido por el dinamismo económico logrado en 2021 y por el mayor precio del cobre, que subió 46,3%. Las 10 mayores mineras privadas de Chile reportaron en conjunto un incremento del pago de impuestos de 126% (US$1.851 millones, siendo el 29% del incremento total de los ingresos tributarios). 

En el período 2010-2022, la gran minería privada acumuló una tributación en primera categoría de US$18.715 millones y en impuesto específico de US$5.947 millones. En 2010, la suma de ambos ítems llegó a US$1.299 millones. Este año alcanza US$4.681 millones. En cuanto a la recaudación del impuesto específico a la actividad minera, este creció en 200%, a US$1.360 millones.

Estos resultados contradicen, en cierta manera, los argumentos de algunos políticos de que el Estado no recauda lo suficiente cuando el precio del cobre sube. Por otro lado, el régimen fiscal actual ha dado pruebas de certeza, lo que ha contribuido para que el país sea el primer productor de cobre del mundo. 

Se ha dado protección al productor minero con altos costos al no fijar tasas basadas en el precio del cobre, sino en función del margen operacional, que resulta más alto a mayores precios del metal. Por lo tanto, la aplicación de la propuesta de royalty del gobierno en períodos de bajos precios podría ser dañino para el sector, especialmente para los yacimientos cupríferos que presentan altos costos. 

Por su parte, la Cámara de Comercio de Santiago ha valorado algunos aspectos de la reforma tributaria, especialmente en lo referente a mantener un régimen protector para las pymes y a los nuevos incentivos tributarios para invertir en productividad, incluyendo a las pymes en el beneficio por I+D. 

Sin embargo, la asociación gremial, que reúne a más de 2.400 compañías activas, también expuso reparos al indicar que, por ejemplo, la desintegración del impuesto a la renta representará un aumento de la carga tributaria para un gran número de empresas.

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