La batalla por tramo de Tren Maya mexicano “podría llegar hasta la Suprema Corte”

Un recurso judicial para detener la construcción del Tramo Cinco del Tren Maya en el estado mexicano de Quintana Roo obligó al gobierno a iniciar un diálogo con sectores críticos de las obras.

Sin embargo, el conflicto está lejos de resolverse, ya que el problema del tramo de 60 kilómetros entre Tulum y Playa del Carmen “no es un tema jurídico, es un tema técnico que se ha evadido”, dijo a BNamericas Rogelio Rodríguez Garduño, profesor de Derecho de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

“Si el caso persiste, podría llegar hasta la Suprema Corte”, añadió.

El contrato para construir este tramo de la línea fue adjudicado en 2021 a un consorcio encabezado por la filial México Compañía Constructora de Grupo México por 17.800 millones de pesos (US$869 millones).

El 12 de abril un juzgado de distrito del estado de Yucatán concedió una suspensión temporal de las obras a un grupo de buzos de Quintana Roo que reclamaban que se estaban causando daños ambientales irreversibles con la nueva ruta de la línea, la cual fue modificada por las autoridades luego de que empresarios hoteleros de Tulum exigieran moverla debido a los impactos económicos que sufrirían durante la construcción.

Los buzos forman parte del movimiento #SálvamedelTren, que en marzo lanzó una campaña mediática con celebridades para detener las obras en la parte sur del Tramo Cinco de la línea. El mes pasado, el movimiento publicó imágenes en las que se habían talado cientos de árboles, pero también sostuvieron que bajo la nueva ruta se han puesto en riesgo muchas cuevas y otros cuerpos de agua podrían contaminarse y destruirse.

“Estas demandas de amparo son muy singulares, porque no son afectaciones a personas, sino que están alegando un interés legítimo que es el derecho al medioambiente sano […] El juez de distrito determinó que era admisible la demanda y concedió la suspensión provisional […] porque, de no ser así, sería irreversible la reparación”, señaló Rodríguez.

Ahora, un juez de distrito decidirá el 22 de abril si continúa la suspensión provisional de las obras o si hay motivos suficientes para detener el proyecto por completo, según un experto legal que ha estudiado detenidamente el caso.

La junta nacional de turismo, Fonatur, que tiene a su cargo el proyecto ferroviario de 1.500km, todavía puede defender su posición en tribunales, pero “la suspensión provisional tiene una característica: el juez le cree al quejoso”, señaló Rodríguez.

La ruta original contemplaba la construcción de la línea a lo largo de la carretera Cancún-Tulum entre la zona hotelera y el mar, para la cual el gobierno ya posee los derechos de vía, pero esto también habría requerido comprar o expropiar terrenos adicionales de los hoteleros y tendría un impacto grave en sus operaciones durante la construcción, por lo cual Fonatur indicó a principios de año que había llegado a un acuerdo con los empresarios para trasladar la vía férrea más hacia el interior, detrás de los hoteles, a cambio de su ayuda para adquirir los derechos de vía necesarios.

Sin embargo, Rodríguez agregó que no se elaboró una manifestación de impacto ambiental para llevar a cabo las obras, ni mucho menos un estudio para demostrar las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el proyecto no tendría impactos negativos en el ambiente. Agregó que, por la complejidad del caso, el conflicto podría tardar mucho en resolverse.

El miércoles, el mandatario declaró que estaba dispuesto a hablar con los buzos que impulsaron la suspensión, pero el movimiento #SálvamedelTren señaló en un comunicado que estarían dispuestos a reunirse con él en el sitio y no en el palacio presidencial en la Ciudad de México, como AMLO había ofrecido.