Represión anticorrupción en República Dominicana: todo lo que necesita saber

La represión anticorrupción en República Dominicana está causando revuelo entre los políticos.

Erradicar la corrupción fue una de las promesas de campaña del presidente Luis Abinader (en la foto) en 2022. El último punto álgido se alcanzó en marzo, cuando fueron detenidos 19 colaboradores del expresidente Danilo Medina, entre ellos el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, acusados de malversación de fondos, falsificación de documentos y financiamiento ilícito de campañas.

La red desvió más de 19.000 millones de pesos (US$345 millones), según informes de prensa, que citaron las acusaciones del Ministerio Público.

Ramón Pepín, quien sucedió a Castillo en la administración anterior, dijo a BNamericas que los arrestos obedecen a “una clara intención de destruir o eliminar al principal partido de oposición por parte del gobierno utilizando al Ministerio Público como una arma política”.

“Es una justicia selectiva que solo mira la corrupción en un solo partido, que no respeta el debido proceso, violentado los derechos fundamentales de [las familias de] los implicados, donde los expedientes son debatidos en los medios de comunicación”, comentó. “Nuestro partido no se opone a ser investigado, siempre que el debido proceso sea respetado”.

Sin embargo, el analista político Melvyn Pérez dijo a BNamericas que toda investigación anticorrupción incluye acusaciones de persecución política. Si el propósito fuera dañar políticamente al principal partido de oposición se enfocarían en las personas que representan el futuro del partido. “Es importante notar que quienes están sometidos no son candidatos, varios de ellos ni siquiera son políticos; la mayoría son empresarios vinculados al expresidente, militares de su entorno de confianza y familiares”.

Según Pérez, esta investigación más generalizada abarca además a funcionarios y legisladores vinculados al actual gobierno.

Una encuesta de Gallup detectó que la corrupción es vista como el cuarto mayor problema entre la población, después de la inflación, la violencia y el desempleo.

La corrupción ciertamente se percibe como un gran problema, “tanto así que se ha normalizado”, señaló Pérez. “Estudios demoscópicos, como el Barómetro de las Américas, indican que la mayoría de la población entiende que los políticos son corruptos, sin embargo, la corrupción no se refleja entre los principales problemas porque, ante décadas de inacción, se llegó a un estado en que se tolera y normaliza”.

Asimismo, el 17,2% de los encuestados considera que el mayor logro de Abinader ha sido la lucha contra la corrupción.

Pérez dijo que se necesita hacer más.

“Con el cambio de gobierno y el nombramiento de fiscales independientes, sin vínculos políticos, hemos visto que el Ministerio Público ha avanzado en múltiples casos de corrupción, tanto con funcionarios del gobierno actual como del anterior”, dijo. El país también necesitaría una gran reforma judicial para posibilitar la destitución de jueces con “cuestionable vinculación a partidos políticos”.

En octubre, el gobierno anunció que planea crear un ministerio de justicia.

“Nuestra propuesta es que este sea el órgano responsable del manejo de los asuntos administrativos que actualmente implican una carga innecesaria para el Ministerio Público y que lo desenfocan de su rol de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad", dijo Abinader, según un comunicado de prensa.

El proyecto de ley aún está en desarrollo.