Proyecto sobre responsabilidad ante fraudes avanza en Congreso chileno

Un proyecto de ley que establece que los bancos, y no sus clientes, son responsables de transacciones de pago fraudulentas está más cerca de su promulgación en Chile.

La iniciativa recibió la luz verde de la Cámara Baja y se dirige al Senado para lo que podría ser el tramo final de su tramitación en el Congreso.

Curiosamente el proyecto de ley no ha generado la oposición del sector bancario local. Sin embargo, el gobierno pro empresarial del presidente Sebastián Piñera cree que es hora de que los bancos hagan más por sus clientes. "Hoy día un usuario [de tarjetas] puede pasar hasta dos o tres meses sin su dinero, porque tenía que acreditar el fraude, pero ahora será responsabilidad del banco acreditarlo, no va a ser el usuario el que pague las consecuencias", dijo el ministro de Economía, José Ramón Valente, en referencia a la aprobación del proyecto de ley por parte de la Cámara Baja.

El debate se centró en el tema de que miles de usuarios de servicios financieros se ven afectados por el fraude cada año y algunos casos son cuestionados por los emisores de tarjetas, lo que lleva a largos procesos de apelación, indicó el Congreso en un comunicado.

Según el proyecto de ley, los emisores deben tener líneas directas para el consumidor gratuitas y abiertas para informar y registrar casos de fraude.

Se requiere que un usuario reporte una transacción no autorizada "de inmediato", indica el comunicado. En el caso de un evento inesperado que impida al usuario informar de inmediato una transacción falsa, este tiene hasta cinco días para registrarla una vez que esté en condiciones de hacerlo.

Los emisores deben devolver los fondos o cancelar cualquier cargo dentro de los siete días hábiles posteriores a la recepción de un reclamo.

El texto aprobado, que ha sufrido varios cambios, establece que los emisores no pueden ofrecer un seguro de responsabilidad por fraude asociado.

Si un emisor sospecha que un usuario ha realizado una reclamación fraudulenta, debe demostrarlo ante los tribunales. En estos casos, la entidad debe devolver provisionalmente los fondos en cuestión al reclamante, informó el periódico local El Mostrador.

En el caso de que un tribunal dictamine que el usuario cometió fraude o negligencia grave, por ejemplo, el requisito de devolver los fondos o los cargos no se considera aplicable.

En virtud del proyecto de ley, los emisores y operadores deben adoptar medidas de seguridad para prevenir actos de fraude.

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