Las empresas que compiten en la subasta móvil de US$ 400 millones en Brasil

La subasta de las bandas remanentes de 700 MHz de la Anatel, programada para el 30 de abril, entró en la fase decisiva con ocho empresas habilitadas presentando propuestas: Claro, TIM, Vivo, Brisanet, Unifique, MHNet, IEZ! Telecom y Consorcio Amazônia 5G.

El certamen trata de las subbandas de 708 MHz a 718 MHz y de 763 MHz a 773 MHz, con expectativa de cerca de 2.000 millones de reales en inversiones, y está dirigido a que operadoras regionales (como Brisanet y Unifique) accedan a frecuencias para ampliar la cobertura, complementando la banda de 3,5 GHz.

La disputa es estratégica porque 700 MHz es una banda “baja”, más eficiente para cobertura amplia y penetración de señal, lo que la hace especialmente valiosa para expandir 4G y 5G en áreas rurales, pequeñas localidades y carreteras.

Según las directrices del Ministerio de Comunicaciones, el modelo no es recaudatorio: en lugar de maximizar caja para el gobierno, el diseño prioriza contrapartidas de cobertura.

La meta oficial es llevar servicio a cerca de 800 mil personas en localidades sin atención y cubrir largos tramos de carreteras federales desatendidas.

El diseño de la subasta también ayuda a explicar por qué se convirtió en blanco de acciones judiciales.

En la primera ronda, hay prioridad para operadoras regionales que ya poseen determinadas autorizaciones de 3,5 GHz provenientes de la subasta de 2021.

Los grupos con esta preferencia son Brisanet, Unifique, Amazônia 5G e iez! telecom, distribuidos por áreas regionales.

Si sobran bloques, pueden dividirse en lotes menores de 5+5 MHz en una segunda ronda restringida a prestadoras de pequeño porte. Solo en una tercera ronda las grandes operadoras entran sin esa restricción inicial.

Es ahí donde nace la principal controversia jurídica.

Disputas legales

La Acel, asociación que reúne a operadoras móviles, cuestiona en la Justicia si Unifique y el consorcio Amazônia 5G pueden heredar la prioridad de la primera ronda con base en frecuencias antes vinculadas a Ligga/Sercomtel.

El argumento es que la transferencia de ese espectro no debería producir ese efecto competitivo antes del cumplimiento íntegro de las obligaciones asumidas en la subasta de 2021. La Justicia Federal solicitó una manifestación de Anatel, pero mantuvo, al menos por ahora, el cronograma del certamen.

Hay una segunda frente judicial, impulsada por la TelComp.

En este caso, la objeción no se limita a la situación de Unifique y Amazônia 5G: la entidad sostiene que la propia prioridad dada a las regionales en la ronda inicial vulnera la libre competencia, la isonomía, la legalidad y la búsqueda de la propuesta más ventajosa para la administración.

En otras palabras, la tesis es que el pliego habría creado una barrera artificial que reduce la competencia justo al inicio de la disputa por un activo escaso y valioso.

Del lado de las regionales, la defensa se viene construyendo en torno a la seguridad jurídica y la coherencia regulatoria.

Antes incluso de la entrega de las propuestas, Unifique, Ligga, Iez! y Brisanet ya habían pedido a Anatel una prórroga excepcional del plazo para el uso secundario de 700 MHz, alegando que el retraso de la subasta y la incertidumbre sobre las obligaciones finales de cobertura dificultaban la toma de decisiones y las inversiones.

Este punto es relevante porque refuerza la narrativa de que esas operadoras estructuraron sus planes de expansión con base en un diseño regulatorio que les reservaba prioridad.

El Ministerio de Comunicaciones, al publicar las directrices, dejó explícito que quería priorizar a las operadoras regionales, imponer roaming para los usuarios visitantes y llevar cobertura a localidades y carreteras que no interesan comercialmente a las grandes teles.

También pesa en el trasfondo la sucesión de eventos regulatorios que antecedió al pliego.

El TCU aprobó la continuidad del proceso en febrero, y Anatel publicó el pliego el 13 de febrero, con actualizaciones y aclaraciones posteriores en el proceso de la licitación.

Desde el punto de vista formal, la subasta avanzó con un aval institucional relevante; aun así, el aval no blindó el modelo frente a impugnaciones judiciales de última hora.

(La versión original de este contenido fue redactada en portugués)